Seguro público contra el fraude de los extranjeros ‘sin recursos’
La Comunidad Valenciana detectó un engaño de prejubilados británicos Para poder facturar por su asistencia les ofreció acogerse a una póliza trimestral
No es fácil establecer una norma que permita a los inmigrantes sin recursos acceder a una asistencia sanitaria gratuita y, a la vez, sirva de filtro eficaz para impedir que extranjeros con medios económicos traten, fraudulentamente, de beneficiarse de este esta cobertura.
La Comunidad Valenciana advirtió hace unos años que existía un grupo de unos pocos miles de ciudadanos británicos prejubilados que accedieron irregularmente a la condición de personas sin recursos económicos suficientes a pesar de tener dinero como para pagar por su asistencia sanitaria. Este colectivo cubría de esta forma la espera hasta la jubilación, momento en el cual el sistema de salud británico cubría con sus gastos sanitarios. El Tribunal de Cuentas también llamó la atención recientemente sobre el elevado número de extranjeros (453.000 a junio de 2010) que tenían una tarjeta sanitaria gratuita por carecer, supuestamente, de medios de vida debido a lo fácil que es acceder a ella en algunas autonomías.
Una forma de erradicar este tipo de estafas puede consistir en retirar la cobertura asistencial normalizada a las personas en situación irregular, como ha anunciado el Gobierno. En este caso, los grandes perjudicados de esta maniobra destinada a combatir el fraude serían las personas que efectivamente no tienen recursos y necesitan asistencia gratuita.
En lugar de pagar por cada acto médico —lo que resultaría bastante más caro para sus bolsillos— se puso en marcha un sistema de cuotas trimestrales
La Comunidad Valenciana diseñó hace algo más de dos años otra fórmula. Para tratar de evitar que los extranjeros con recursos pero sin cobertura siguieran con sus prácticas fraudulentas, se les ofreció una especie de seguro sanitario. En lugar de pagar por cada acto médico —lo que resultaría bastante más caro para sus bolsillos— se puso en marcha un sistema de cuotas trimestrales gracias al que la Generalitat podía ingresar dinero por la asistencia a estas personas.
La tasa fijada fue de 270 euros para las personas menores de 65 años y de 330 para los que rebasaran esta edad. Entre lso principales beneficiarios estaban los extranjeros de la Unión Europea residentes en España, sin cobertura de la Seguridad Social de su país y con medios económicos que les impidieran ser consideradas personas sin recursos.
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