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Un engranaje que sí funciona

Castilla y León brilla en dependencia. Su sistema pivota sobre los servicios sociales locales y una aplicación informática propia de cruce de datos

Hace unos años, cuando la Ley de Dependencia echó a andar, los expedientes de los ciudadanos llenaban bolsas y bolsas que la gerente de Servicios Sociales de Castilla y León se llevaba a su casa cada noche para firmar uno a uno. Milagros Marcos, que tras las últimas elecciones ascendió a consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la región, todavía mueve la cabeza con incredulidad al recordarlo.

La Ley de Dependencia era entonces una aventura y nadie tenía las claves para que funcionara con agilidad y éxito. A ciegas, como les ocurría a todos, en Castilla y León debieron tocar algunas teclas adecuadas: la última evaluación del Observatorio de la Dependencia le ha concedido un sobresaliente (10). Eso significa que la burocracia se ha simplificado acortando plazos para recibir la ayuda; que los criterios económicos y técnicos para la gestión se han unificado en todo el territorio y la ley rueda en el mismo engranaje del resto de los servicios sociales, como una ventanilla única. “Esta es una de las claves”, cita el gerente de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, “que toda la dependencia pivota sobre los servicios sociales de los Ayuntamientos, esa colaboración es básica”, asegura. Un mecanismo engrasado al que muchas comunidades ni se acercan, y teniendo en cuenta que Castilla y León es la región más extensa, con mucha población rural, envejecida y tremendamente dispersa.

¿Todo es perfecto? Sin duda no, pero esta comunidad, con cifras oficiales, es la segunda en número de personas atendidas respecto a su población, muy por encima de la media; las prestaciones económicas y los servicios que se conceden guardan un buen equilibrio; y es, en proporción, la región con menos lista de espera: apenas unas 6.000 personas, cuando en algunas comunidades los expedientes de decenas de miles de ciudadanos están atascados vete a saber dónde.

En proporción, Castilla y León es la autonomía con menor lista de espera

El sistema informático es otro de los elementos del éxito. Manejan una aplicación propia, que ya utilizaban para los servicios sociales básicos y donde han engarzado la dependencia, lo que les permite cruzar datos.

Cada mañana, las trabajadoras sociales de, por ejemplo, Simancas (Valladolid), consultan en su oficina las solicitudes de los ciudadanos, que llegan a sus ordenadores desde la Consejería. Las reciben por orden cronológico y tienen 60 días para ir al domicilio del solicitante a valorar su dependencia.

Unequipo mixto, formado por personal de las Administraciones local y regional, la revisa. Mientras eso ocurre, en la Consejería evalúan la capacidad económica del solicitante para determinar su aportación. Si un ciudadano solicita algunas horas de ayuda a domicilio, un único organismo analiza su situación económica y el usuario pagará por ellas igual en Simancas o en Soria, preste quien preste el servicio. Estos procedimientos están duplicados y son diversos en muchas comunidades. También el baremo para definir la situación vital del solicitante es único para todo. La unificación de criterios y la condensación de los trámites es la tercera clave del buen funcionamiento.

Prueba de ello es que los castellano-leoneses pueden solicitar la prestación que prefieran ya en el pliego de la solicitud. Se le concederá o no, pero en ningún caso tendrán que hacer dos solicitudes. No pasa en todas las comunidades.

El seguimiento de los beneficiarios que están atendidos en casa es una de las fases menos avanzadas en todas partes. Castilla y León también tiene que perfeccionarlo.

Pero es tiempo de recortes y no se esperan milagros. La región dispone de unos 1.000 profesionales trabajando en los centros de acción social. Para la puesta en marcha de la ley se contrató a 491 profesionales, entre la Junta y los Ayuntamientos, “y el presupuesto para ello se reforzó hasta alcanzar 12,5 millones anuales”, informan en la Consejería. La región destina casi 169 euros por habitante y año al sostenimiento del sistema; eso la sitúa entre las cuatro primeras comunidades.

Los recursos son necesarios para alcanzar el sobresaliente, pero también hace falta dar con las teclas adecuadas en la gestión. Y voluntad política, algo que no ha habido en todas las comunidades.