La justicia de EE UU aprueba los cacheos integrales para todo tipo de delitos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aprobado por cinco votos a cuatro que los oficiales de policía puedan realizar registros exhaustivos a los detenidos antes de ingresar en la cárcel, aunque los funcionarios no tengan sospecha alguna de que hayan cometido un delito de contrabando (único caso para el que se hasta ahora se autorizaba este tipo de inspección).

El procedimiento, aprobado por mayoría simple, está prohibido por ley en al menos 10 Estados y va en contra de la política del Gobierno federal. Los tribunales de apelación siempre han estado divididos sobre esta cuestión, aunque en la mayoría de los casos prohibieron esta práctica excepto cuando exista una duda razonable de tráfico de drogas o armas, al igual que se indica en la cuarta enmienda.

La corte suprema no considera que deba realizarse un registro corporal a cada persona arrestada, sino que basa su decisión en el punto 16 de esta enmienda, que deja vacío legal al no prohibir explícitamente este método de cacheo. El dictamen deja la decisión al criterio del agente o funcionario que realiza la detención. “Los tribunales no están en condiciones de adivinar si el juicio de los funcionarios es bueno o malo, ya que no solo implica la sospecha de posesión de drogas o armas, sino también de riesgo para la salud pública o afiliación a posibles bandas, entre otros”, declaró John Roberts, presidente del Supremo.

Los jueces que han conseguido que esta medida salga adelante son los magistrados más conservadores de la corte. Samuel Alito, John Roberts, Clarence Thomas y Antonin Scalia con la ayuda de Anthony Kennedy, siempre una baza a jugar cuando la corte está dividida ideológicamente.

Los cuatro magistrados restantes, de tendencia más moderada y liberal, mostraron su disconformidad. Son Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Stephen Breyer y Ruth Bader Ginsburg. “Esta petición requiere decidir si esta enmienda permite o no el cacheo para cada persona arrestada por cualquier ofensa menor (...) No se está hablando tan solo de desnudar al alguien o ducharle, estamos hablando de mirar al milímetro partes del cuerpo del detenido como pueden ser la boca, el pelo, oídos, testículos, pies (...) Para las mujeres es igual, aunque además se enfrentan a que se explore su vagina”, alegó Breyer.

Esta decisión tan ajustada muestra las grandes diferencias ideológicas que existen en la corte suprema tan solo una semana después del intenso juicio sobre la reforma de la sanidad propuesta por Barack Obama en 2010.

El caso que ha precipitado el dictamen es el de Albert Florence, un hombre que fue detenido durante un control de tráfico habitual en Nueva Jersey después de que el agente que le paró verificara en una base de datos estatal que tenía una multa pendiente por no personarse ante la audiencia. Estuvo recluido en el centro de detención del condado de Burlington (Vermont) y más tarde fue destinado a otro centro localizado en Essex (Washington). Fue puesto en libertad una vez una vez se determinó que la multa había sido pagada.

En Burlington, el arrestado, igual que el resto de los detenidos que acaban allí, tuvo que ducharse con un agente de desinfección que comprobó sus cicatrices, marcas y tatuajes y exploró distintas partes de su cuerpo en busca de posibles señas de contrabando. “Tuve que abrir la boca, levantar la lengua y los brazos y girar y levantar mis genitales”, asegura en la sentencia. En el segundo centro penitenciario ocurrió lo mismo.

El detenido presentó una demanda en el tribunal federal del distrito contra estas dos entidades del Gobierno y basó su discurso en la violación de la cuarta enmienda. Ganó, pero las instituciones penitenciarias llevaron el caso hasta el Tribunal Supremo, que ahora ha dado la razón a los centros penitenciarios.