Extranjero, pero no inmigrante

El joven David Víctor Mifumu, nacido en Gran Canaria hace 28 años de madre ecuatoguineana, podrá quedarse en España, el único país que conoce. La brigada de extranjería emitió hace unos meses una orden de expulsión que hoy ha sido anulada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Aragón. El magistrado Luis Carlos Martín ha considerado en la sentencia que “la legislación vigente en materia de extranjería no se ha elaborado para casos como este” y que el joven, “a pesar de ser extranjero, no es un inmigrante”.

Mifumu ha vivido durante toda su vida en las islas Canarias y hasta los 18 años estuvo bajo la tutela del Gobierno autónomo. Se enfrentaba a la expulsión a Guinea Ecuatorial, país en el que nunca ha estado, por la comisión de tres delitos menores, contra la salud pública y robo con violencia. El juez reconoce la dificultad para “dilucidar si esto justifica o no la expulsión como una medida proporcional a la situación” de David Mifumu.

Mifumu se enfrentaba a la expulsión a Guinea Ecuatorial, país en el que nunca ha estado

En la sentencia, Luis Carlos Martín sostiene que “no hay que dejar de lado que la legislación de extranjería se ha elaborado en España con ocasión del fenómeno de la inmigración de la última década”, y añade que “buena parte de las soluciones legales consideran el fenómeno del extranjero como inmigrante”. El juez considera que Mifumu, pese a no ser ciudadano español, tampoco es un inmigrante, por lo que no procede su expulsión.

Sin embargo, subraya que la infracción imputada “es grave” y, además de imponerle una multa de 1.000 euros, advierte a Mifumu de que si no regulariza su estancia en España puede dar lugar a la apertura de “nuevos procedimientos que le podrían llevar a la expulsión”.

Con solo nueve meses, los servicios sociales de Las Palmas de Gran Canaria retiraron a la madre de David Mifumu su custodia y lo ingresaron junto a su hermano gemelo en un centro de menores. Vivió en este tipo de residencias hasta los 18 años y a los 24 fue cazado con 18 gramos de hachís, aunque se libró de la prisión por no tener antecedentes. Pero poco después volvió a ser detenido y fue condenado a ocho meses, que cumplió en tres prisiones: Las Palmas de Gran Canaria, León y Zaragoza. Durante su estancia en esta última cárcel recibió la orden de expulsión.

Su abogado, Germán Gorgees, ha basado su defensa en “documentación periodística publicada y una recopilación de firmas de personas de su localidad que evidenciaron su arraigo y la alarma social generada”. El letrado considera que “quizá el Defensor del Pueblo debería tratar de buscar una normativa para este tipo de casos, que se ven fuera de la legislación”. Advierte además que la coyuntura económica actual “impide agilizar los procesos de regularización por la escasez de oferta de empleo”, lo que está suponiendo un obstáculo para personas como David Mifumu.