La educación tiene motivos para secundar la huelga general

CC OO y UGT hemos convocado una huelga general el próximo 29 de marzo, bajo el lema ‘Quieren acabar con todo’, a la que también se suma STEs. Con ella, queremos desenmascarar la verdadera política del Gobierno del Partido Popular, cuya reforma laboral constituye una nueva vuelta de tuerca que potencia la discrecionalidad empresarial, en la misma medida que desprotege a los trabajadores por cuenta ajena. Como sucedió con la aprobada por el anterior Ejecutivo, la reducción del déficit se ha colocado en el frontispicio de la acción política y, con ello, se han acometido nuevos recortes y se ha ajustado el gasto, ignorando los ingresos y renunciando a reactivar la economía y a crear empleo. Aunque el Gobierno de Mariano Rajoy justifique esta durísima reforma laboral alegando que, a medio plazo, creará empleo, lo cierto es que de inmediato se traducirá en un elevado número de despidos tanto en el sector privado como en el público.

La educación, que, como cualquier otro sector de nuestro sistema social y productivo, tampoco se ha librado de la crisis, no solo no se ha convertido en algo prioritario para salir antes de ella, sino que está viendo cómo se dan rápidos pasos atrás sobre lo ya conseguido. Se deterioran las infraestructuras; aumenta el horario lectivo del profesorado y empeoran sus condiciones laborales y disminuyen sus retribuciones. En resumen, crecen las obligaciones de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza mientras disminuye su poder adquisitivo. Entre tanto, no se disimula el interés por favorecer un determinado tipo de enseñanza, que olvida la importancia de una educación en valores defensora de la igualdad, la equidad y la instauración de un sistema educativo de calidad para todos y todas.

La repercusión de esta reforma laboral en el sector de la enseñanza es grande. Y, aunque todavía no afecta al personal funcionario –que sí ha visto, sin embargo, cómo merma su nómina-, resulta evidente el peligro que se cierne sobre una eventual modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, tendente a adelgazar las plantillas públicas mediante otras fórmulas distintas de la congelación de convocatorias de oposiciones.

El profesorado debe saber que la mejor defensa de sus derechos es la protesta unánime contra esta reforma. Una reforma que es injusta, ineficaz e inútil. De media, los salarios de los docentes han descendido un 5% desde 2010, por la rebaja generalizada de los sueldos de los empleados públicos. Esta pérdida de poder adquisitivo, unida a la congelación y a otros recortes, supone, de forma acumulada, un deterioro salarial del 13%.

Si se analiza la rebaja presupuestaria soportada por las comunidades autónomas durante dos cursos, se observa una disminución de 2.479 millones de euros, lo que equivale a un 3,22% menos. Con todo, hay que señalar que los ajustes no son homogéneos, y que mientras Canarias, Extremadura y Andalucía aumentan sus partidas, Cataluña, Murcia y Navarra las disminuyen de manera considerable. En concreto, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña están sufriendo la aplicación de unas políticas muy similares que es de temer que se generalicen en todo el país. Solo un ejemplo. En todas ellas aumenta la carga lectiva en dos horas. Si esta medida se extendiese al resto, el próximo curso habría que prescindir de 22.942 docentes. Este incremento del horario del profesorado es también muy perjudicial para los centros, sobre todo en lo que concierne a los programas dirigidos a alumnos con dificultades.

En los sectores laborales de la enseñanza pública y la universidad, los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) están llamando a la puerta. La reforma laboral extiende el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción al personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. El real decreto señala que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente –durante tres trimestres consecutivos- para la financiación de los servicios públicos correspondientes. Con estas causas, las universidades y la mayoría de Administraciones educativas se encuentran en una situación potencial de despido, dada la escasez presupuestaria de que disponen. El futuro de cientos de miles de familias se encuentra en manos del criterio de los responsables políticos que, por de pronto, han empezado a adelgazar los servicios públicos para favorecer la iniciativa privada.

En la enseñanza privada pura –enseñanzas no regladas, autoescuela, educación infantil, colegios mayores…-, aunque no tengan pérdidas, podrán alegar la disminución de ingresos para recortar los derechos laborales, empezando por los salariales, frente a la norma de los tres trimestres que afecta a otros cambios introducidos en la reforma. En lo relacionado con los descuelgues de convenio, se estipulan solamente dos trimestres consecutivos de condiciones desfavorables. El nuevo ‘Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores’, que contempla un periodo de prueba de hasta un año y despido libre, no indemnizado, se puede convertir en la modalidad habitual de contratación temporal sin causa que lo justifique. A ello se une la ampliación de los contratos de formación y aprendizaje hasta los 30 años. El sombrío panorama de desregulación puede afectar así a bastantes ámbitos. Muchas de estas cuestiones son extensibles probablemente a los sectores socioeducativos, en los que abundan las empresas pequeñas. Los frecuentes incumplimientos financieros por parte de las Administraciones pueden convertirse en una justificación para el despido.

Respecto a la anterior reforma, se amplían las posibilidades de modificación unilateral de condiciones sustanciales de trabajo por motivos económicos, organizativos, productivos o tecnológicos. Nada impide ya al empresario reducir la jornada del profesorado con más edad o no especialista de la enseñanza concertada para contratar a un especialista en idiomas que facilite la consideración del centro como bilingüe. Además, se potencia la distribución irregular de hasta el 5% de la jornada laboral, lo que supondrá otro quebranto en lo pactado en los convenios.

No hay duda de que esta reforma laboral supone un empeoramiento generalizado de derechos que afecta a los contratos laborales en todo lo relacionado con el despido. Solo un seguimiento masivo de la jornada de paro puede llevar al Gobierno a replantearse sus intenciones. Si no se encuentra con una respuesta contundente, la ciudadanía tendrá que esperar más restricciones, más paro y mayor pérdida de derechos y prestaciones. Por todo ello, la educación debe secundar la huelga general del 29 de marzo.

José Campos Trujillo y Carlos López Cortiñas Secretarios generales de las federaciones de enseñanza de CCOO y UGT, respectivamente, y miembros de la Internacional de la Educación