Educación estudia fijar un número mínimo de alumnos por carrera
El ministerio quiere reducir una oferta de títulos universitarios que ve excesiva
El Ministerio de Educación estudia establecer un mínimo de alumnos que una universidad pueda ofrecer en una carrera. Esta idea va de la mano de la iniciativa que anunció en el Senado el ministro José Ignacio Wert: se convocará un comité de expertos para diseñar una reforma universitaria que tendrá, entre otras tareas, “la racionalización” de la oferta de títulos. Wert habló de un “estándar de eficiencia mínima”: un tamaño medio de grupo de 55 alumnos; el 42% de las titulaciones en las universidades públicas en el curso 2008-2009 no llegaba a ese mínimo, añadió. Aunque está muy avanzado el proceso de elección de expertos, según dijo ayer un portavoz del departamento, aún no se han nombrado, y para conocer los detalles habrá que esperar a sus propuestas.
La Xunta de Galicia ya aprobó el pasado diciembre el mínimo de alumnos para sus carreras, entre 45 y 50. Si no lo cumplen dentro de dos cursos, tendrán tres años para captar más estudiantes o deberán presentar un plan de reestructuración. Cataluña ha anunciado una medida similar. De momento, la Generalitat ha eliminado 160 másteres (de los 500 que tenía) con menos de 20 alumnos, informa Ivanna Vallespín.
El exceso de oferta universitaria se ha convertido en un debate recurrente los últimos años. La teoría dice que a partir de los años noventa los campus públicos proliferaron —a veces por decisiones políticas que desdeñaban una buena planificación— y que todos ellos han estado ofreciendo un abanico demasiado grande de títulos. Así, cuando empezó a descender el alumnado al principio del siglo XXI, muchas carreras empezaron a quedarse vacías. La receta, impulsada ya por el anterior Gobierno del PSOE, era concentrar las carreras con pocos alumnos solo en algunos campus. Sin embargo, la oferta ha aumentado: en el curso 2008-2009, se ofrecieron 2.669 licenciaturas y diplomaturas (las mismas carreras muchas veces repetidas), y en 2011, 2.413 grados y 2.758 másteres oficiales.
A María José Saura, responsable de Universidades de CC OO, le preocupan los criterios para reducir las carreras. “Espero que no se haga con los criterios que han multiplicado el número de titulaciones repetidas”, dice con ironía. Se refiere a criterios políticos y territoriales, en lugar de considerar las necesidades reales. Saura reclama que se tengan en cuenta cuestiones como la calidad u otras necesidades, no solo el número de alumnos matriculados. En Galicia, las carreras que se consideren esenciales o estratégicas no tendrán que cumplir el mínimo de alumnado.
La presidenta de los rectores, Adelaida de la Calle, asegura que los datos del ministerio son antiguos. Con el cambio de títulos para su adaptación europea (plan Bolonia, que requiere, además, clases pequeñas) la situación ha cambiado mucho y han aumentado un 10% los alumnos desde 2008-2009, dice. “La mayoría de carreras ya tienen un mínimo de 50 matriculados nuevos”, asegura. Otros especialistas, sin embargo, creen que la situación sigue como siempre.
De cualquier manera, el profesor de Economía de la Universidad de Jaén Juan Hernández Armenteros duda del margen del ministerio para imponer un mínimo de alumnos o racionalizar la oferta, dado que las competencias las tienen las comunidades; tendría que ponerlo por ley. En todo caso, aplaude la iniciativa con la que se podrían ahorrar unos 500 millones de euros, asegura. Eso sí, advierte de que sería a medio plazo, pues al principio supondría un gasto en becas de movilidad para los alumnos que se desplazaran a estudiar a otros sitios y en reubicar al profesorado sobrante. Esta última ha sido una de las pegas a esa racionalización de carreras. Y a María José Saura, de CC OO, le preocupa sobremanera: “Con la reforma laboral actual pueden pasar muchas cosas”, dice en referencia a “posibles despidos”.
Las tasas suben más que la inflación
El otro gran debate de esta legislatura será sin duda el del precio de la matrícula universitaria en los campus públicos. Cataluña ya ha pedido al Ministerio de Educación que deje a las comunidades fijar libremente sus precios; ahora el Gobierno central fija una horquilla máxima de subida anual, que normalmente es el IPC más cuatro puntos porcentuales. Si esa idea no sale adelante, la Generalitat propone también que sean las propias universidades las que fijen el precio.
A pesar de esa horquilla cerrada, el coste de la matrícula en las universidades públicas ya tiene una diferencia de casi el 100% entre comunidades: en Cataluña ya es casi el doble (tomando la tasa máxima) que en las andaluzas: unos 732 euros frente a unos 1.423 por un curso completo en este año académico 2011-2012, según las estadísticas del ministerio.
Este curso, la mitad de las comunidades ha subido el mínimo (ese 3,6%, la cifra del IPC en 2010), y las que más lo han aumentado son Cataluña (7,6%) y Comunidad Valenciana (7,5%). Así, a pesar de la crisis, el precio medio se ha incrementado un 4,5%, por encima del IPC.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ya ha apuntado en sus declaraciones cierta predisposición hacia una futura revisión al alza de las tasas, al insistir en que los alumnos españoles de las universidades públicas solo cubren con su matrícula alrededor del 15% del coste real. La teoría —defendida por ejemplo la semana pasada por el rector de la Pompeu Fabra de Barcelona, Juan Josep Moreso— es la de subir los precios, pero a la vez aumentar mucho las becas para que no se vean apartados de los campus las personas con menos recursos.
Lo que ocurre es que es difícil de creer —al menos para María José Saura, de CC OO— que se vayan a subir las becas en el contexto actual de crisis. La presidenta de los rectores, Adelaida de la Calle, dice que “ahora no es un buen momento para subir los precios, con la situación tan angustiosa que están pasando muchas familias”.
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