Educar con cuidado

Casi 102.000 niños y niñas de hasta tres años están matriculados este curso en educación infantil en la Comunidad de Madrid: unos 45.000 en la red pública, unos 4.600 en plazas concertadas en centros privados y unos 53.000 directamente en la privada. Los datos proceden de la consejería, que saca pecho con la cantidad: 21 nuevas escuelas públicas este curso, aproximadamente el 50% de la demanda potencial de menores en ese tramo de edad cubierta, una tasa de escolarización 16 puntos por encima de la media española. Lo cierto es que desde 2003 hasta la fecha hay un 65% más de centros públicos en esta etapa tan especial, ni obligatoria ni gratuita (como sí lo es la siguiente, de los tres a los cinco años), clave para la conciliación de la vida laboral y personal de muchos padres, pero que a la vez reivindica con fuerza su papel educativo, como recoge la normativa, la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Otra cosa es cómo se está haciendo. Solo una de cada cuatro escuelas infantiles (el 24%) de la red pública madrileña (91 de las 375) tiene una gestión directa por parte de la Administración responsable (un Ayuntamiento o la Comunidad), según lamenta Carmen Ferrero, presidenta de la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 0-6 años. El resto, advierte, está en manos de cooperativas sin ánimo de lucro o, cada vez más, de empresas que en muchos casos ganan los concursos abaratando su oferta económica. A las familias les va a costar lo mismo meter a sus hijos en centros de uno u otro tipo de gestión, ya que se trata de precios fijados por la Administración. Lo que pueden variar son las condiciones laborales del personal. "No es lo mismo trabajar 40 horas por 1.200 euros que por 800 o menos, hay más rotación y la calidad se resiente", acota Ferrero.

Las cooperativas o empresas gestionan el 24% de los centros públicos

A punto de comenzar el plazo de admisión de alumnos de 0-3 años en la región para el curso 2012-2013, arrancan también las dudas, el vértigo de muchas familias puestas en la tesitura de llevar por primera vez a su retoño, quizá aún un bebé de meses, al cole. "Lo primero es recomendar a los padres que se cojan uno o más días y se pateen todas las escuelas infantiles que puedan", enfatiza José Luis Mazos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos. Que observen, escuchen, vean lo que hay dentro, que puedan entrar "hasta la cocina…". "Cuando te recibe una persona que tiene muchas cosas que hacer menos atenderte, malo", añade. "Fundamental el proyecto educativo, el equipo y el grado de permeabilidad", apostilla Ferrero. Una terna exigible a cualquier tipo de centro. Aunque la apuesta de ambos es clara: la pública, de gestión directa, cada vez más escasa.

En la gestión indirecta aparecen empresas como Promoción de la Formación Las Palmas (Profolp, SL), que tiene a su cargo cinco centros en Madrid, tres municipales, uno del Ministerio de Defensa y otro de la Comunidad. En ellos no se trabaja con editoriales ni fichas, sino que se elabora material propio; se sigue el modelo de escuela abierta, con aprendizajes a través del juego y respetando el ritmo de cada niño, y se valoran más "los procesos que los resultados", según explica su director de infancia, José Luis Fernández, defensor también de "la transparencia" de su intervención. "No entendemos una escuela donde las familias recogen a los niños en una puerta o en un recibidor", sentencia. Considera que la edad óptima para dejar a un bebé en el cole es a partir de los 12 meses. Pero la necesidad manda, y "las escuelas infantiles públicas que existen en Madrid tienen unos magníficos recursos para atender a los bebés con las máximas garantías. Y no hablo solo de la labor asistencial, sino también de la acción educativa", afirma. No tan optimista, Ferrero opone que la red ha perdido calidad, que es más heterogénea que nunca, y que en ella conviven muy buenas y muy malas gestiones.

Pero no todas las familias consiguen meter a la prole en la red pública. Para ellos, la privada se convierte en la única opción, a cuyo rebufo la región ha pasado de 764 a 1.076 centros en los últimos cuatro años, según las cifras que maneja Carmen Ferrero. Aquí es importante distinguir entre los que están y los que no están reconocidos por Educación porque, además de la mayor garantía que ello implica, los primeros ofrecen la posibilidad de aspirar al cheque guardería, de hasta 160 euros mensuales, siendo los criterios fundamentales la renta y el hecho de que ambos progenitores trabajen. Un centro privado puede costar, de media, unos 450 euros mensuales, con lo que la ayuda no cubriría ni un tercio de la escolaridad en estos casos, según un análisis del sector publicado por FETE-UGT Madrid hace un par de cursos y que, según sus autores, continúa vigente.

Lo que ha cambiado es que muchas escuelas privadas se están viendo afectadas por la crisis y por la apertura de públicas, hasta el punto de que la patronal del sector ha pedido a la Consejería que deje de construir centros públicos de 0-3 años. Las que pierden demanda bajan los precios, oficialmente o bajo cuerda, cuando ven que se pueden ir los niños, asegura Carmen Ferrero. Esta experta también apunta que los chiringuitos educativos sin regularización ni control –un 30% de la oferta, según FETE-UGT– "antes eran locales y ahora suele ser una madre en paro que atiende en casa a los niños".