El PP cierra filas en torno a Gallardón tras sus palabras sobre la presión para abortar

Un día después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, radicalizara su discurso en defensa de una nueva ley del aborto al señalar que existe "una violencia de género estructural" que lleva a las mujeres a abortar, miembros del PP y del Gobierno han mostrado su respaldo al titular de Justicia. Precisamente, este ha dicho hoy que  comparecerá "encantado" ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar su postura sobre el aborto y la maternidad, tal como le ha pedido el PSOE.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se ha referido esta mañana a las “presiones económicas, sociales, laborales o familiares” que dificultan a las mujeres su maternidad, un extremo en el que el Gobierno, dice, debe trabajar para “que toda la que quiera ser madre pueda serlo”, informa Carmen Morán. Esa coletilla, “presiones sociales”, parecía hacer referencia a las polémicas declaraciones de Gallardón sobre la "violencia estructural" que impele a las mujeres a interrumpir su embarazo. Pero Mato no ha mencionado en ningún momento el aborto en su discurso en el acto central institucional como motivo del Día de la Mujer.

Mato ha recordado que las mujeres tienen más éxito en los estudios que los hombres mientras que sus dificultades para acceder a un trabajo son mayores que las de ellos y el salario que perciben por él, menor. Ha anunciado el diseño de un “indicador de la desigualdad salarial” que permita fijar objetivos y actuar en consecuencia. También solicitarán que se armonicen los sistemas de recogida de información sobre este asunto en Europa.

Ha tenido una especial mención para las mujeres asesinadas en episodios de violencia machista y ha criticado la “indiferencia social y la apatía ciudadana” que son, ha declarado, “los mejores estímulos” para que esto siga ocurriendo. Espera que estos crímenes no sean solo judicialmente condenables, sino también “ética y moralmente reprobables”.

Y se ha referido vagamente a planes del Gobierno para atender a colectivos más vulnerables, como las mujeres rurales, o para adoptar medidas de apoyo a la conciliación, la racionalización de los horarios o las guarderías. Ha afirmado también que “la igualdad no es una cuestión de ideología, sino de justicia”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sí se ha referido explícitamente al aborto y ha señalado que "esa historia de que este es un derecho es una falsedad como un templo, el aborto es un fracaso inmenso por parte de la mujer que se somete a él". De ahí, ha agregado, "que tengamos que meterla en la cárcel, pues yo creo que no, pero hay que cambiar la ley y estoy de acuerdo con Gallardón".

En una entrevista en la cadena Cope, Aguirre ha aseverado que esa "violencia de género estructural contra las mujeres por el mero hecho del embarazo" de la que habló ayer el titular de Justicia es muchas veces ejercida por los hombres, "que no quieren hacerse responsables; un hombre que es casado ha dejado embarazada a una mujer, un chico joven...". Y ha añadido: "La ayuda a las mujeres para que puedan llevar adelante su embarazo, desde luego en la Comunidad de Madrid, la practicamos constantemente y tenemos que hacer más". Al respecto, ha indicado que la actual ley del aborto, reformada durante el Gobierno de Zapatero, no le gusta "nada". "Espero que el PP la vuelva a cambiar, con unos plazos. Los abortos practicados a los ocho meses son asesinatos", ha apuntado.

También comparte la tesis de Gallardón, "al cien por cien", el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha manifestado que "hay un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que la avala totalmente". Ese estudio, ha argumentado, "dice que nueve de cada 10 mujeres sufren acoso laboral cuando están embarazadas y que un 25% son despedidas precisamente cuando están embarazadas". Las cifras mencionadas por el ministro aparecen en un estudio elaborado por la Fundación Madrina, una organización contraria al aborto. En ese documento (de 2010) habla de “mobbing maternal” y lo define como la “violencia o acoso” que sufre la mujer “especialmente en su entorno laboral”, aunque también “sufre violencia o efectos negativos y colaterales igualmente en el entorno personal y familiar, incluso social y administrativo”, por el hecho de ser madre.

El Ayuntamiento de Madrid ha salido también en defensa del ministro y exalcalde de la capital. El actual vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, ha insistido en la trayectoria de Gallardón -“Es la misma persona que amplió el permiso de maternidad de 16 a 24 semanas”- y ha argumentado que existe un conflicto que “pone a las mujeres en una situación más difícil que los hombres” en cuestiones como la conciliación de la vida laboral y familiar, acceder a un puesto de trabajo o la igualdad salarial, informa Elena Sevillano. “Negar eso es negar la realidad”, ha afirmado. En su opinión, a eso se refería Gallardón ayer cuando aseguró que existe una “violencia de género estructural” contra las mujeres por el mero hecho de estar embarazas: a que “son necesarias políticas que permitan ejercer su derecho a la maternidad”.

Gallardón no apeló ayer al derecho del feto, como hasta ahora, para justificar el fin de la actual ley, sino que alertó de una supuesta indefensión de las embarazadas. Anunció que el Gobierno protegerá "el derecho a la maternidad". Lo que hay "en muchas ocasiones", dijo Gallardón en el Congreso, en respuesta al PSOE en la sesión de control al Gobierno, es "una violencia de género estructural contra las mujeres por el mero hecho del embarazo". Una "presión", añadió, que las lleva a abortar.

Más tarde, en una entrevista con EL PAÍS, el ministro puso ejemplos: "Pienso en el miedo a perder el puesto de trabajo o a no obtener un empleo como consecuencia del embarazo; pienso en la presión [que sufren] muchas inmigrantes; pienso en mujeres que en este tipo de situaciones [de embarazo no deseado] carecen de apoyos de los poderes públicos para poder optar libremente por una alternativa a la interrupción de su embarazo...".

Sus palabras han sido rechazadas por los partidos de izquierda, asociaciones de mujeres y responsables de clínicas que practican abortos.