La justicia da un millón a un preso inocente pero insta a incapacitarlo

Capaz de ingresar en prisión por dos crímenes atroces que, en realidad, no había cometido. Incapaz de administrar la indemnización por la condena manifiestamente injusta que lo mantuvo en prisión durante más de 13 años. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha aumentado a un millón la suma de 555.000 euros que Rafael Ricardi —el gaditano excarcelado en 2008 después de que una prueba de ADN demostrara que no era el autor de las dos violaciones por las que había sido sentenciado— recibió del Ministerio de Justicia por su condena indebida. El exrecluso, sin embargo, podría no tener derecho a disponer libremente de ese dinero. La justicia, que no tuvo en cuenta su estado mental a la hora de condenarlo por error, considera ahora que puede ser incapaz de gestionar esa cantidad.

La sentencia ha sido muy mal acogida por sus abogados, que aseguran que, desde que recibió el medio millón largo que el Ministerio de Justicia le otorgó, Ricardi se ha administrado correctamente. Gracias a la indemnización concedida por Justicia, el exrecluso ha normalizado su vida. Se ha comprado un piso y un coche pequeño con el que se mueve por el Puerto de Santa María (Cádiz), el municipio en el que reside. El dinero, según fuentes de su defensa, permanece en el banco y Ricardi retira cada mes una cantidad no superior a los 1.000 euros, lo necesario para vivir. “Su sueño, ahora, es mudarse a una casa en el campo donde pueda plantar un huerto”, explica uno de sus abogados, que recuerda que, si para algo sirvió su condena injusta, fue para desengancharse de la heroína, a la que era adicto.

Los jueces no tuvieron
en cuenta su estado
mental para condenarlo

Sin embargo, los magistrados que acaban de duplicar la cantidad a la que tiene derecho, no están de acuerdo con que pueda gestionarla. La resolución de la Audiencia Nacional se agarra a un informe psicológico presentado por sus propios abogados para subrayar los graves efectos que la prisión injusta —4.630 días en total— le generó, con la intención de mejorar su indemnización. Ese documento refleja “el grave cuadro ansioso-depresivo” y el “estrés postraumático” que sufre Ricardi, además de sus “déficits intelectivos (analfabeto y borderline)”. “Su estado psiquiátrico responde a una edad mental de ocho años”, decía el informe. Por eso el tribunal ha decidido iniciar su incapacitación para que sea un tutor quien administre sus bienes, entre ellos, el millón de euros al que tiene derecho, según la sentencia, que ordena enviar ese documento al fiscal para que inicie el proceso.

Los abogados de Ricardi protestan porque ese informe haya sido descontextualizado y haya servido a los magistrados para generar un efecto no deseado, que pueda ser un tercero quien gestione su patrimonio. La sentencia de la Audiencia no hace ninguna referencia a que el expreso, durante el estudio de su recurso, haya sido examinado por un perito independiente o un forense que permitiera certificar con absoluta veracidad su estado mental. “Es triste que solo se tenga en cuenta ahora, a la hora de cobrar, y no cuando se le condenó ni durante su estancia en prisión”, afirman sus abogados.

El recurso ante la Audiencia Nacional reclamaba que la indemnización del exrecluso se incrementara hasta los 10 millones de euros por los daños morales generados por la condena injusta y los delitos “infamantes” que se le achacaron. Ricardi alegaba, además, que la hepatitis C que sufre la contrajo en prisión y que los 13 años que pasó encerrado agravaron su estado mental hasta el extremo que se señalaba en el informe psiquiátrico que ahora puede declararlo incapaz.

La sala, sin embargo, deja la petición de los abogados en 896.000 euros al asegurar que, al entrar en prisión, Ricardi tenía “unas relaciones familiares claramente desestructuradas” y que su condena injusta “no le supuso la pérdida de ingresos económicos”, ya que, hasta entonces, vivía de una pequeña pensión y de lo que obtenía como aparcacoches. Esa cantidad se completa con otros 104.000 euros por “la influencia negativa” que en su salud mental pudo tener “la traumática situación que supone verse cumpliendo una pena por delito no cometido”. Sin embargo, los magistrados consideran que las patologías psiquiátricas de Ricardi tienen su origen “en causas extrañas al hecho mismo de la prisión y la condena errónea”. Las mismas patologías que, tras 16 años de suplicio carcelario y judicial, les sirven ahora para intentar declararlo incapaz.