Disciplina de los años cincuenta

Un total de 12 estudiantes pertenecientes al grupo claustral Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) se enfrentan a una posible expulsión de la Universidad de La Laguna, en virtud de un reglamento disciplinario académico que data de 1954. Hace un año, el grupo de estudiantes emitió una nota de prensa en la que criticaba la pérdida de 300 becas debido a la presunta “negligencia” de la Facultad de Psicología al entregar las solicitudes fuera de plazo.

 Los responsables de la facultad tinerfeña dijeron que las acusaciones eran falsas y difamatorias y pidieron al rector, Eduardo Doménech, una investigación. Esta ha acabado con expedientes a 23 alumnos, de los cuales 11 ya han sido exonerados, pero el resto se enfrenta a los cargos de difamación y falta de probidad, considerados faltas graves en virtud de un código normativo de la época franquista, del 8 de septiembre de 1954 y que puede suponer la expulsión de los alumnos.

Aún no está claro quién tenía razón —el abogado de los alumnos dice que la facultad no ha demostrado que sus acusaciones fueran falsas y el rectorado afirma que sí—, pero en todo caso la polémica vuelve a llamar la atención sobre el hecho de que el reglamento disciplinario de las universidades públicas españolas tiene más de medio siglo.

El Rectorado defiende que ha llevado el caso “de manera escrupulosa”

El Ministerio de Educación gestionado por el anterior Gobierno socialista, encabezado por Ángel Gabilondo, anunció el pasado junio una nueva norma —que requiere rango de ley— para actualizar un reglamento de disciplina académica de hace 57 años. Pero, a pesar de que el anteproyecto llegó a verse el año pasado en el Consejo de Universidades y en el Consejo de Estudiantes, y de que había “mucho consenso” en torno al texto, “no dio tiempo a hacer ninguna tramitación parlamentaria”, explica Juan José Moreno, ex director general de Política Universitaria.

En Canarias, el proceso abierto contra los estudiantes ha provocado una intensa polémica y ha suscitado un movimiento de solidaridad con los estudiantes exigiendo que se elimine una normativa que, a pesar de haber sido depurada a lo largo de los años en algunos puntos por el Tribunal Supremo, es considerada por los alumnos como una reliquia “franquista”, que castiga muy severamente, quizá incluso desproporcionadamente.

El abogado de AMEC, Raúl Alonso, asegura que nadie ha demostrado todavía qué ha ocurrido con las becas objeto de las críticas estudiantiles y, además, la inspección universitaria no ha podido determinar la autoría del comunicado, por lo que optó por procesar a todo el grupo. “Los alumnos en ningún momento quisieron difamar o causar un prejuicio contra los funcionarios de la Facultad de Psicología y en ningún caso a nadie de la asamblea estudiantil se le ha probado que lo que denunciaron en el comunicado es falso”, indica Alonso.

Los alumnos no se retractan; su abogado dice que no querían causar perjuicio

También califica de “disparate” aplicar la norma de 1954, un “reglamento que está vigente para los alumnos de una forma muy residual. En cualquier caso, la severidad del mismo tiene muy poco que ver con el principio de proporcionalidad, ya que los alumnos podrían ser expulsados no solo de La Laguna, sino de todas de las universidades de España”.

Un portavoz del Rectorado asegura que lo único que deben hacer los alumnos expedientados para evitar la expulsión es retractarse del comunicado que consideran doloso para la institución al tratarse de una información que no fue contrastada. El jefe del Gabinete del Rectorado, Antonio Rodríguez, explica que fue la Junta de Facultad de Psicología la que instó al rector a que iniciara una investigación y que se ha llevado el caso de manera “muy escrupulosa”. En este punto, Rodríguez insiste en que las becas objeto de las críticas de los estudiantes se tramitaron en tiempo y forma y asegura haber presentado los papeles que lo demuestran.

“No entendemos que habiéndose contrastado que la información era falsa y difamatoria no hayan reconsiderado su posición y pedido disculpas. Han persistido de una manera irracional”, continúa Rodríguez, y concluye: “La única clave es que hay una motivación de trabajo político del grupo AMEC, que tiene un corte bastante radical. Asumen un papel de víctima de una represión que no se ha dado en ningún caso porque el rector se ha inhibido en todo momento de hacer declaraciones”.