La crisis también golpea a la escuela privada
Los colegios de pago han perdido más de un 15% del alumnado en infantil Muchos centros bajan precios y crean ayudas para padres que no pueden pagar
El sector de la escuela privada, que acoge en torno al 6,5% de los alumnos de toda España, algo menos de medio millón, también está sufriendo la crisis económica. Casos extremos como el del embargo del colegio madrileño Santa Illa —debe casi un millón de euros a la Seguridad Social, deuda acumulada desde hace nada menos que 20 años— son muy aislados y puntuales, aseguran las patronales del sector, pero también admiten que algunos centros están pasando aprietos por la pérdida de alumnos que se pasan a la privada concertada (subvencionada) y por el creciente número de padres con problemas para hacer frente a los pagos.
La educación infantil (la vía de entrada a los centros, pues en primaria y secundaria es más raro el movimiento de alumnos) y el bachillerato son las dos puertas por donde se les están escapando los alumnos, según ACADE, patronal mayoritaria en la enseñanza totalmente privada. Las escuelas infantiles han perdido este año un 15,86% de los alumnos, con una disminución de la plantilla del 10%, según una encuesta hecha entre sus centros. En bachillerato, la reducción de estudiantes alcanza el 8%.
¿Dónde van? Según el sector, principalmente a la concertada. Estos colegios privados, pero subvencionados por la Administración, sí han notado —pero sin cifras concretas— un repunte de las solicitudes y mayores listas de espera, explican las patronales FERE (mayoritaria en la concertada) y CECE.
El presidente de esta última, Antonio Rodríguez-Campa, matiza que la crisis está afectando de manera desigual dependiendo de los centros, pues algunos de ellos no están perdiendo alumnos. Probablemente se trate de los especialmente dirigidos a las clases más pudientes, o los que están situados en zonas con muy poca enseñanza totalmente privada. Esta se concentra sobre todo en la Comunidad de Madrid, con el 36% de la oferta de toda España.
Lo mismo ocurre (aunque también sin cifras al respecto) con los problemas de los padres para pagar las cuotas: afecta a unos colegios más que a otros. En El Encinar, un centro femenino, privado y católico en Córdoba que forma parte del grupo Fomento —de carácter nacional y que en la ciudad tiene otro colegio, solo para chicos, llamado Alzahir— sí han notado más problemas en los abonos de los padres. Para ayudarles, se ha organizado un fondo de garantía, un seguro que garantiza la escolaridad de los críos en el centro.
Solo se pueden acoger a este las familias que tengan alguno de sus miembros en paro. El transporte y el comedor no entran en este fondo. Pero el colegio sí ha notado que hay más familias que optan por comer en casa o llevar ellos mismos a los niños. Para aquellas que han visto menguados sus ingresos económicos se ha organizado un patronato, formado por padres de alumnos, antiguos alumnos o antiguos padres, que redondea como beca el pago de las mensualidades. “Se buscan becas, se ofrece pagos más fraccionados, se hacen descuentos temporales, se dejan de hacer obligatorios los servicios de comedor o de transporte…, depende de cada colegio”, resume Rodríguez-Campa sobre las reacciones de los colegios ante los impagos.
Todo ello ocurre aunque también están ajustando los precios. Una encuesta hecha por la asociación de usuarios FUCI a principio de este curso señalaba que el coste medio de la escuela privada en España (de matrícula, comedor, transporte, uniforme, etcétera) es un 7% menor que hace un año: de 1.174 a 1.095 euros al mes. El Colegio Sundland, británico privado situado en Cártama (Málaga), atravesó dificultades económicas el año pasado que se salvaron con la compra del 80% de su accionariado por parte de la empresa Novaschool. Este curso reducirá en torno al 30% su tarifa.
Disminuye la participación en actividades extraescolares y los niños que se quedan al comedor
Además, según ACADE, están disminuyendo las actividades extraescolares y servicios complementarios o el transporte (aquí han notado una disminución del 7%). Algo que también ocurre en la concertada, con una disminución de entre 10% y el 15% en las extraescolares y el comedor, calcula Luis Centeno, de FERE, y que probablemente también está ocurriendo en la pública.
Rodríguez-Campa asegura que, a pesar de los problemas, no conoce ningún colegio que esté al borde del cierre. La Seguridad Social no ha ofrecido datos sobre el dinero que le deben los colegios privados. Esa cifra está dentro de los 110 millones de euros que le adeudaba todo el sector educativo el pasado 31 de enero, lo que incluye enseñanza pública, concertada y privada, las universidades y las academias de formación no reglada. A primera vista, la cifra puede parecer alta, pero no es el sector que peor lo está pasando. De hecho, de la deuda conjunta de las empresas con la Seguridad Social, que el año pasado ascendía a más de 6.000 millones, unos 500 millones proceden del sector de la construcción. Que haya 110 millones de euros pendientes de cobro no quiere decir que la Seguridad Social haya dado ya los pasos necesarios para embargar por una cantidad equivalente. El embargo es el último paso, antes se ha tratado de llegar a un pacto con la empresa deudora con plazos de pago.
Con información de Manuel J. Albert y Diego Narváez
El Santa Illa recupera los pupitres
Los pupitres regresaron ayer al colegio privado Santa Illa de Madrid, embargado el jueves por orden judicial con los alumnos dentro. Los mismos elementos que se retiraron en mitad de las clases volvieron a las aulas con los niños en sus casas. El centro, con 160 alumnos de 3 a 17 años, retomará su actividad el lunes.
El colegio arrastra una deuda de 992.263 euros con la Seguridad Social cuyo expediente comenzó en 1991. Así queda reflejado en el auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 19 de Madrid del pasado 22 de diciembre que autorizaba a los funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social a ejecutar el embargo. El director, Iñaki Santa, lo recibió el 31 de ese mismo mes, según explicó él mismo a EL PAÍS. Santa asegura que no avisó a los padres entonces porque el auto permitía presentar un recurso de apelación del que hizo uso y del que “todavía” no tiene respuesta.
La Tesorería tenía autorización judicial para entrar en horario escolar, de 9.00 a 18.00 horas en el centro. La resolución especifica que la ejecución, que se debía realizar un mes después de que se notificara el auto, corre a cargo de funcionarios de la Seguridad Social. Son ellos quienes decidieron el horario, según el juzgado, que asegura que se limita a conceder la autorización previa. Según un portavoz del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Tesorería conoció el permiso de embargo el 23 de enero.
El plazo se cumplía el jueves, recuerda el ministerio en una nota, que acusa a la empresa de “ignorar repetidamente los requerimientos de la Administración para resolver su abultada deuda”. Hubo un intento previo de embargo en 2010, según la información facilitada por Empleo, y la empresa “negó” el acceso a sus instalaciones. Entonces, la Seguridad Social solicitó autorización judicial.
La notificación con fecha y hora concreta llegó el miércoles al centro a las tres de la tarde para su ejecución el jueves en horario escolar. El director intentó hacer gestiones para frenarlo. La mayoría de los padres tuvieron noticia del embargo mientras se estaba produciendo y conocieron los detalles el jueves por la tarde en una reunión en la que decidieron que sus hijos no irían a clase el viernes.
Con los camiones de nuevo en la puerta del colegio, la Seguridad Social buscó ayer una fórmula para que el centro siga funcionando, al menos, hasta junio. El funcionario que acudió al centro, Andrés Ruiz, achacó el cambio de planes a la “alarma social” que provocó el caso. La empresa, Colegio Santa Illa SA, es ahora, un día después de la entrada en el centro con los alumnos dentro, la depositaria del material escolar y está “obligada a custodiar los bienes”. El proceso de embargo sigue, aseguran desde la Administración. La deuda del colegio Santa Illa se produce por “no pagar los seguros sociales” de los trabajadores, según Ruiz. El director admitió ayer que dejó de abonar incluso la parte de la cotización que corresponde a los trabajadores, cuyo impago puede suponer un delito de apropiación indebida.
“El 99% de las familias apoya al colegio”, según su director. Una de las madres, Charo Pérez, aseguraba ayer que la gestión del centro no había sido “la más adecuada” aunque lo que más le indignó, como a otras familias, fue que el embargo se hiciera con los niños en clase.
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