Guante blanco para agresores

El Tribunal Supremo italiano ha establecido que los imputados por violación en grupo no deben esperar el juicio obligatoriamente en la cárcel, sino que algunos quizá pueden permanecer en arresto domiciliario. Políticos y asociaciones feministas han mostrado su indignación al interpretar que la sentencia quita fuerza a las penas para este delito. Una reacción quizá desmesurada, pero que pone claramente en evidencia el hartazgo ante la superficialidad con que se encara la violencia de género en el país.

La clase política italiana se escandaliza cuando las noticias sobre este asunto inundan la prensa, pero permanece indiferente el resto del tiempo. Mientras, crece el malestar de las mujeres, que se sienten desprotegidas e impotentes: el 13 de febrero de 2011, un millón y medio de personas se manifestaron para pedir respeto hacia las mujeres. Un año más tarde, Silvio Berlusconi ha dejado la primera línea del poder, pero ellas siguen sintiéndose igual de aisladas.

Las agresiones sexuales no siempre tendrán prisión preventiva

Tras la sentencia del Supremo, la prensa local publicó titulares como “Ya no es obligatoria la cárcel para la violación de grupo” (La Repubblica) o “Violación de grupo, cárcel opcional” (La Stampa). No es exactamente así. La sentencia —que se refiere a medidas provisionales, ya que el delito sigue siendo castigado con penas de entre seis y doce años de cárcel —establece que el juez decida, caso por caso, qué hacer con el imputado que espera veredicto, y la cárcel es la opción obligatoria si existe riesgo de huida, de borrar pruebas o de cometer otro crimen. Sin embargo, la indignación prendió de inmediato en buena parte de la sociedad italiana. Mara Carfagna, ministra de Igualdad durante el Gobierno de Berlusconi, espetó: “Una sentencia imposible de compartir: quien viola a una mujer merece la cárcel”; Barbara Pollastrini, del izquierdista Partido Democrático, dijo: “No queremos venganza, pero sí tenemos que poder confiar en que se haga justicia”.

Las organizaciones feministas también pusieron el grito en el cielo. “Nos sentimos poco escuchadas —señala Giovanna Cosenza, periodista de Il Fatto quotidiano—, como si los problemas de desempleo, marginación y discriminación que sufrimos en el día a día existieran solo en la cabeza de las feministas y no en la realidad del país. ¿Podemos asombrarnos si, leyendo ciertos titulares, muchas saltaron? Creo que no”. Está de acuerdo Loredana Lipperini, escritora y autora de uno de los blogs más seguidos: “La reacción visceral de las mujeres es el síntoma de una exasperación originada por la distracción de quienes (política y medios de información) cabalgaron las instancias del movimiento feminista para luego abandonarlo”.

Los medios aún describen el asesinato machista como ‘pasional’

El 7 de febrero, en Palermo (Sicilia), un carabiniere de 39 años asesinó a su mujer, de la que se estaba divorciando, de 37, y se suicidó. Il corriere della sera, el periódico más vendido en Italia, lo contó así: “Presa de un momento de locura, el hombre cogió la pistola de servicio, apuntó al pecho de la esposa e hizo fuego. Luego se disparó en la sien”. En Italia no existe el delito de violencia de género y la conciencia colectiva lo desconoce. Si un marido mata a su pareja y luego a sí mismo, los dos se perciben como víctimas: el móvil es el “amor violento”, el delito es un “crimen pasional”, la justificación, siempre la misma: “No podía soportar la idea de separarse de su esposa”. Tampoco existe un organismo centralizado e institucional que se ocupe de los casos de acoso cotidiano. No existen datos oficiales de cuántas mujeres mueren, ni de cuántas denuncian abusos o acuden a los centros buscando protección, asesoramiento legal o médico: son las asociaciones, una red de organismos financiados por las administraciones locales, las que recogen los datos: 18 mujeres han sido asesinadas este año. En 2011 fueron 127. Una matanza que permanece silenciada, mal contada por los medios de comunicación, olvidada por la política y que la gente ni siquiera sabe llamar por su nombre.

Rashida Manjoo, abogada sudafricana y relatora para Naciones Unidas sobre el tema, visitó Italia en enero y denunció que “la mayoría de los actos violentos no se denuncian porque se desarrollan en un contexto aún caracterizado por una sociedad patriarcal, pero también porque la violencia machista no siempre se percibe como delito. Un marco jurídico fragmentado contribuye a construir un muro de invisibilidad sobre el asunto”.

Barbara Spinelli lleva años defendiendo a víctimas de violencia. “El caso del Supremo lo deja claro” —dice la joven abogada— “es fácil judicializarse y convertirse en populistas. Como está la cosa, parece lo único que nos queda para sentirnos amparadas. Sin embargo, una norma no ayudaría a cambiar la mentalidad patriarcal que está en la base de la violencia sexista y de la impunidad de quien la perpetra. Tenemos que pensar en la formación de magistrados y agentes”. El problema, señala Spinelli, “no es lucir una ley que obligue a encerrar a todos los sospechosos, sino tener jueces que sepan captar la mezquindad de estos crímenes. Esto necesitamos: cultura”.