La dualización sanitaria ya está aquí

La democracia regresó a España con la voluntad de que existiera, al menos en eso, una igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad de los servicios sanitarios. Un objetivo que se consiguió en gran medida mejorando y extendiendo los centros y servicios públicos, desarrollando la atención primaria e integrando decenas de hospitales privados —sin ánimo de lucro en su mayoría— a las redes de los servicios de salud de las comunidades autónomas.

Estos centros, jurídicamente privados pero de utilización pública, como la XHUP catalana, disfrutan de una estabilidad y seguridad financiera a cambio de dedicar su actividad al servicio de la población local asignada. Esto les permite mejorar sus instalaciones y servicios, pero también les lleva a convertirse en centros sustitutorios del sector público y actuar a modo de concesiones territoriales (monopolios locales) de los servicios regionales de salud.

Los recortes, con el consiguiente aumento de las listas de espera, introducen la tentación de conseguir más ingresos cobrando a quien pueda pagar para saltarse esas listas. En un centro público de gestión directa esto sería ilegal; en un centro privado de utilización pública puede ser legal siempre que no vulnere la letra del concierto. Pero, en todo caso, es ética y socialmente inaceptable.

También es económicamente abusivo contra el sector público, porque los costes fijos del hospital descansan en el contrato de servicio público y sobre este apalancamiento es enormemente rentable trabajar a costes marginales mientras se factura a precios medios. El perverso resultado es que los pacientes públicos hacen una transferencia neta de su bienestar económico y de salud a los que pueden pagar.

La senda iniciada en La Seu d’Urgell lleva a los hospitales a tener una puerta para pacientes “de pago” y otra para los “del seguro”, como en la posguerra. ¿Exageración? Cuidado, que de este modelo venimos y no hace tanto tiempo: los hospitales de las Diputaciones Provinciales de los años cincuenta y sesenta tenían un estándar bajo para los enfermos de la beneficencia y otro alto para los enchufados y pudientes. La elegante entrada que da al noroeste del hospital Clínico de San Carlos de Madrid se nombra con frecuencia con el antiguo y castizo nombre de “puerta de privados”, recordando su dicotómica historia. Y al otro lado de la plaza, vemos cómo la Clínica de la Concepción —Jano bifronte posmoderno que es a la vez fundación sin ánimo de lucro e inversión lucrativa de fondos de capital riesgo internacional— conserva a pleno rendimiento su puerta, consultas y servicios de atención privada.

¿Queremos de verdad volver a este mundo del que tan laboriosamente hemos conseguido distanciarnos? El Sistema Nacional de la Salud se basa en la alianza entre clases medias y bajas y todo lo que debilite este contrato social es de una enorme irresponsabilidad y atenta contra el interés general de la sociedad.

No debemos aceptar esta deriva; las políticas que hoy erosionan el servicio público de salud nos traerán una sociedad más inequitativa, pero también más injusta, menos eficiente y menos saludable. Esta crisis económica no debe llevarse por delante el servicio público que más cohesión social aporta a la sociedad española. No debemos aceptar una sanidad dualizada; no debemos consentir en que haya un sistema sanitario para pobres, que derivaría rápidamente en un pobre sistema sanitario.

José Ramón Repullo es jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud, Escuela Nacional de Sanidad.