El Gobierno catalán niega que cobrar por las recetas sea una forma de copago

Con la fórmula “tique moderador de la demanda”, el consejero de Salud de la Generalitat catalana, Boi Ruiz, ha negado que el cobro de un euro por receta médica sea una forma de copago. “Es una tasa administrativa por la emisión de recetas electrónicas y no un porcentaje sobre el precio del medicamento”, ha dicho tras la reunión de esta tarde con la ministra de Sanidad, Ana Mato, con la que no ha tratado de este tema, según Ruiz. Asimismo ha reconocido que todavía no se ha decidido cómo se cobrará esta tasa y que en la negociación presupuestaria con el PP se fijará en qué casos se cobra y en cuáles no. “No supondrá en ningún momento una limitación económica para quien no disponga de ese euro a la hora de acceder a un medicamento”, ha afirmado.

El Departamento de Salud prevé ahorrar 336 millones de euros en farmacia en 2012 y dejar el gasto por recetas médicas en 949 millones, frente a los 1.285 del año anterior, según consta en el proyecto de presupuestos que se presentará el martes ante el Parlamento. Gran parte de este ahorro (26%) viene por el decreto ley aprobado por el Gobierno en julio del año pasado, según el cual los médicos están obligados a recetar medicamentos por principio activo y no por el nombre de la marca, y los farmacéuticos deben dispensar el medicamento de menor precio de una misma familia.

Pero además el departamento que dirige Ruiz estudia otras medidas en Cataluña para luchar contra el déficit de la sanidad pública, en las que se enmarcan las medidas de “eficiencia y uso racional” de los medicamentos, es decir, el pago de un euro al adquirir un medicamento con receta médica, sin estar aún definida la fórmula y las circunstancias en las que se exigirá ese pago. De momento, la posible recaudación por esta “tasa”, que calculan en 100 millones de euros, no se prevé en el apartado de ingresos de los presupuestos.

Aunque la tasa sobre la receta que pretende aprobar la Generalitat aún debe tramitarse en el Parlamento, los técnicos de Sanidad ya consideran que Cataluña carece de competencias para imponer cualquier tipo de pago o tasa sobre los medicamentos o cualquier otro servicio asistencial de la sanidad pública. "Corresponde al Gobierno de España establecer la cuantía de aportación de los usuarios de la sanidad pública en prestación farmacéutica", detalla un informe interno del Ministerio.

Este contradice todas las precisiones que ha realizado la Generalitat para bordear la ley, especialmente que se trata de una tasa administrativa por dispensar recetas y no un copago. "El cobro, en una comunidad autónoma, de una tasa a los usuarios del Sistema Nacional de Salud por cada receta que se dispense es contrario a la ley". La tasa de la Generalitat, precisa, contravendría diversas leyes: la 29/2006 sobre garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto 1030/2006 referente a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. "Introduciría condiciones de desigualdad en el acceso a la prestación farmacéutica", concluye la nota.

Este informe evidencia que existe una base legal para contrarrestar la medida de la Generalitat ante la justicia. "¿Tasa o copago? Es una cuestión de interpretación", señala el experto en derecho administrativo, Javier Valero. "Pero entra en conflicto con varias leyes probablemente la administración estatal es la única que tiene competencias para articular una tasa de este tipo", señala.

Boi Ruiz, por su parte, ha insistido en que el principal problema de la sanidad pública es su deuda. En este sentido, ha pedido la creación de un fondo de cohesión o compensación interterritorial al que puedan acudir todas las comunidades que atienden a ciudadanos que no son residentes en su comunidad autónoma. El consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, quien también ha asistido a la reunión con la ministra, ha anunciado que se creará una comisión bilateral para estudiar el gasto en dependencia. Según Cleries, la financiación por parte de la Generalitat ha subido en los últimos años, mientras que la aportación del Estado ha bajado, a pesar de que la ley establece que se debe sufragar al 50%.