El Gobierno abre la puerta a externalizar los informativos de la televisión pública

El anteproyecto de reforma de Ley General de Comunicación Audiovisual que prepara el Gobierno no solo permitirá a las comunidades autónomas elegir qué modelo prefieren para gestionar sus televisiones públicas —público, privado o modelo mixto—, sino que, además, abre la puerta a la externalización de los servicios informativos y elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación de las cadenas de televisión públicas sea de producción propia.

En el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, se retira el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes "ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos". También se eliminan los párrafos en los que se obligaba a los entes públicos a impulsar la producción propia "de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas".

En ambos casos, la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, incluida RTVE, por lo que su eliminación de la norma teóricamente podría afectar también a TVE. El funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado, sin embargo, por un conjunto de leyes específicas, entre las que figuran la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública y que no han sido modificadas.

El texto elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación sea de producción propia

Tal y como informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el anteproyecto incorpora a la ley un nuevo párrafo en el que se afirma que "las comunidades autónomas determinarán los modos de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades, en la gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración público-privada".

En la exposición de motivos, el Ejecutivo razona que la situación económica y la necesidad de las administraciones públicas de “acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja proporcionar a las comunidades autónomas una mayor flexibilidad en la gestión de su servicio público de comunicación audiovisual".

En este sentido, el texto justifica la eliminación de "determinadas limitaciones existentes" en la Ley Audiovisual relacionadas con "la cesión a terceros de las funciones de la producción y edición de determinados programas", así como la introducción de una "mayor flexibilidad" en la naturaleza de los entes públicos que presten el servicio público de comunicación audiovisual.