Una colecta particular permite contratar a una investigadora despedida

Cristina Ponce es la madre de una adolescente de 14 años con diabetes. El pasado mes de abril inició por su cuenta una campaña de recogida de fondos para apoyar la investigación contra esta enfermedad. “Es lo único que puedo hacer por curar a mi hija”, explica con naturalidad para justificar la iniciativa.

Gracias a los 7.700 euros obtenidos de meriendas y huchas solidarias o de la venta de camisetas y lotería, el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia (CIPF), que a finales de noviembre sufrió un severo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que dejó en la calle a 113 de sus 224 empleados, contratará a Silvia Sanz, como adelantó este miércoles el diario Levante-EMV. Esta investigadora especializada en diabetes, que podrá seguir con el trabajo que dejó a medias, se vio afectada por los despidos. De momento, hay fondos hasta el mes de mayo, aunque la idea es seguir recogiendo dinero para mantener a Silvia en su laboratorio “y si podemos, incluso contratar a dos investigadores más”, apunta la impulsora de esta particular colecta.

Un ERE dejó en la calle a 113 de los 224 empleados del laboratorio

Cristina Ponce lanzó en abril del año pasado el Proyecto Paula (en nombre de su hija de 14 años) después de reunirse con el entonces director científico del CIPF, Carlos Simón, el gerente del centro, Carlos Pérez Espuelas, y la responsable del laboratorio de endocrinología molecular, que dirige Deborah Burks. Les trasladó que quería ayudar a estudiar la enfermedad en la medida de sus posibilidades y que se había propuesto recoger fondos. Recuerda que acogieron la idea de forma entusiasta y se puso manos a la obra.

El Centro Príncipe Felipe, 32.000 metros cuadrados de instalaciones de última generación capaces de albergar a 350 empleados, entró en crisis en septiembre arrastrado por los profundos problemas financieros por los que atraviesa la Generalitat valenciana. La Consejería de Sanidad, que pone el grueso de la financiación, redujo drásticamente su aportación (de 9,8 millones en 2009 a 4,6 en 2011), un recorte que condenó a este centro de investigación a abandonar la situación de privilegio que había alcanzado en España. De situarse en 2011 en el quinto lugar de una lista de 142 centros, según la clasificación Scimago Institutions Ranking, pasó a sufrir un expediente de reducción de empleo que además de 133 despidos implicó una rebaja salarial media del 12% y la desaparición de 14 de los 26 laboratorios existentes.

El laboratorio de Deborah Burks logró mantenerse a flote, pero perdió a cinco de sus nueve integrantes. Entre ellos, a Silvia Sanz, especializada en el estudio del páncreas. Este órgano es en el que las llamadas células beta generan insulina, una hormona cuya producción es insuficiente (o nula) en la diabetes tipo 1, la que sufre Paula. Silvia Sanz trabajaba en un proyecto sobre la proliferación de las células beta pancreáticas, una labor que se vio interrumpida por su despido. Y que podrá retomar gracias a la aportación de 7.700 euros que Cristina ha destinado al laboratorio de Deborah Burks.

“Deborah me llamó en Navidad y me dijo que habían hecho la selección de candidatos para el contrato y que me lo habían concedido a mí”, apuntó ayer la investigadora readmitida a este diario. “Aún no he firmado el contrato”, advierte, “la noticia ha salido de Paula”. Pero pronto espera volver a trabajar con los ratones modificados genéticamente sobre los que estudiaba las causas de la diabetes, así como acabar un artículo que dejó a medias para publicarlo en una revista especializada. “Estoy muy contenta de volver”.

También lo está la responsable del laboratorio en el que trabajará de nuevo Silvia. “Es la primera vez que recibimos una aportación privada de este tipo en el centro aunque en los Estados Unidos, mi país de origen, es una fórmula de financiación que tiene mucha tradición y es algo muy normal”, señala Burks. Sin embargo, subraya que es un hecho puntual en medio de la situación por la que atraviesa el centro Príncipe Felipe. “Por aquí está todo muy triste, medio vacío y tenemos mucho más trabajo. Como no hay técnicos en el laboratorio, hasta les tenemos que cambiar nosotros mismos el serrín a los ratones”.

“Los recursos para la ciencia deberían llegar del Gobierno”, dice la mecenas

Cristina también reconoce que su ayuda es “un simple apoyo”. “Los recursos que tienen que llegar a la ciencia no deberían de partir de iniciativas como la mía, sino fundamentalmente de los Gobiernos, y tanto la Generalitat como el Gobierno central han reducido sus partidas”. El trabajo relacionado con la investigación “es muy importante, esta gente trabaja por nuestra salud, bienestar y felicidad”. E insiste: “El Proyecto Paula es “la mejor forma de ayudar a mi hija y de sentirme bien”.

Mientras tanto, siguen en marcha distintas iniciativas destinadas a denunciar los recortes que ha sufrido el Centro Príncipe Felipe. Una de ellas es la que ha trasladado el eurodiputado socialista Andrés Perelló al Parlamento Europeo, en la que recuerda que el 70% de los 60 millones que costó la construcción y el equipamiento de las instalaciones salieron de fondos aportados por la Unión Europea. La Eurocámara ha trasladado a Perelló que la pregunta que planteó recientemente sobre la decisión de la Generalitat de rebajar la financiación del CIPF necesita “una investigación más detallada”. Otra medida similar impulsada por Izquierda Unida espera su turno.