El CGPJ y Agbar crean un foro sobre derecho de aguas
El acuerdo pretende contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica sobre el tema
El Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar crearán un foro estable sobre derecho de aguas que pretende impulsar la reflexión sobre asuntos medioambientales relativos al agua y “contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica en un tema que afecta a todos los ámbitos de la vida personal y social”.
Según el comunicado difundido por ambas entidades, se trata de la primera iniciativa de este tipo puesta en marcha en Europa y entre sus objetivos figura unificar criterios normativos “para un mejor servicio a la sociedad en el ejercicio del derecho al agua”. Los consejeros Ramón Camp y Félix Azón, en nombre del CGPJ, y Ángel Simón y Ciril Rozman, en representación de la Fundación Agbar, han suscrito un convenio por el que acuerdan “la realización de actividades conjuntas en materia de formación, con la finalidad de ampliar conocimientos en materias medioambientales, con miras a la creación de un foro permanente sobre derecho de aguas”.
El CGPJ posee la competencia exclusiva en materia de formación continua de los integrantes de la carrera judicial. La Fundación Agbar tiene como objetivo, entre otros aspectos, la promoción de acciones sobre sostenibilidad, protección del medio ambiente, igualdad social y crecimiento económico para la mejora de la calidad de vida de las personas. Con este acuerdo, el CGPJ ampliará su función formativa para una mejor interpretación y administración de los derechos y deberes, tanto de ciudadanos como de empresas. Para contribuir este objetivo, la Fundación Agbar pone su conocimiento y experiencia a disposición del Consejo.
El acuerdo adoptado no tiene precedentes en el entorno comunitario europeo y permitirá contribuir a una reflexión jurídica compartida sobre el ejercicio de un derecho como es el acceso al agua y servicios de saneamiento. Aunque este derecho ha sido declarado universal por Naciones Unidas, dista de estar universalizado. Ambas partes coinciden en que la universalización del servicio y el desarrollo jurídico y normativo del derecho de aguas han de avanzar en paralelo.
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