Cuando el sindicalismo deja de ser profesión

El pasado 1 de septiembre, tras cinco años dedicada a tiempo completo a ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores como liberada sindical, Maite Gómez -de 42 años y afiliada a Comisiones Obreras desde los 27-, se reincorporó a su puesto de trabajo en un centro social para personas mayores de San Blas, un barrio obrero de Madrid.

Si le preguntas que cómo lo lleva, su primera reacción coincide con la de todos los exliberados consultados para este reportaje: estupendamente. "No me ha afectado nada", empieza Gómez. "Mi trabajo me encanta y ahora tengo más tiempo para mi familia. Porque muy al contrario de la idea de que los liberados sindicales trabajan poco, es al revés. Antes estaba ocupada mañana y tarde y ahora vuelvo a tener mi horario de ocho a tres de la tarde. Salgo ganando de largo".

Al igual que ella, cientos de liberados sindicales (trabajadores que dedican su jornada a mediar entre empleados y empresa y cuyo puesto está asegurado) se incorporaron tras las vacaciones a sus viejos puestos de trabajo. Madrid encabeza la lista de comunidades donde los liberados de las Administraciones públicas han sufrido un duro recorte. Basándose en el artículo 38 del Estatuto del Empleado Público, que permite suspender los acuerdos públicos por la crisis económica, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha revocado los numerosos convenios alcanzados durante años con los sindicatos -muchas veces para evitar conflictos laborales- y ha reducido el tiempo de representación sindical al estrictamente legal.

"Perdemos derechos que se tardó años en conquistar", dice una sindicalista

La traducción es que se han recortado de 75 a 40 las horas mensuales de representación sindical y se han perdido unos 1.900 liberados (de un total previo al recorte de 3.500), según los cálculos de la propia Aguirre, aunque se trata de una aproximación. Por su parte, José Javier Cubillo, secretario de Organización de UGT, estima que se han perdido el 65% de los liberados sindicales en Madrid.

La medida, según Aguirre, se traducirá en el ahorro de 73 millones de euros. La necesidad de recortar gastos debido a la crisis ha sido también el argumento esgrimido por al menos otras seis comunidades, que han seguido o han anunciado que van a seguir los pasos ya adoptados en Madrid: Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja.

El debate sobre si el esgrimido ahorro justifica los recortes o si tras la decisión se esconde la intención de mermar la fuerza sindical, está abierto. "El que se estén dando unos recortes tan fuertes te indica que se estaba muy por encima de lo que establece la ley", empieza Miguel Rodríguez-Piñedo, catedrático de la Universidad de Sevilla de Derecho Laboral y consultor de PwC. "Pero también hay que decir que el mínimo legal no es muy generoso. A efectos prácticos se traduce en que los sindicatos van a tener muchas más dificultades".

Aguirre ha dejado en 1.900 los 3.500 liberados de su Administración

Rodríguez-Piñedo cree que el recorte es especialmente doloroso al haber afectado a los liberados: "Suelen ser gente muy activa, con experiencia, son los sindicalistas de élite. No son un chollo de los sindicatos, son un servicio público a los trabajadores. Es un recorte más al Estado de bienestar. No recuerdo que se hayan producido nunca reducciones de este tipo, pero es cierto que la situación en la que estamos no tiene precedente".

Desde algunas organizaciones empresariales, esta nueva senda se ve necesaria para capear la crisis. "Lo que se está haciendo es ajustarse de unos máximos a unos mínimos que permite la ley", dice Francisco Aranda, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. "Partimos de la base de que estamos a favor de la representación sindical, un derecho sagrado recogido en la Constitución. Pero como las condiciones económicas cambian necesitamos aumentar la productividad y recursos humanos que produzcan bienes y servicios. Mientras no se baje del límite que fija la ley, no hay nada que criticar. En España partíamos de unas cifras de liberados muy elevadas. Solo en el sector privado hay 290.000 representantes sindicales, un dato francamente elevado teniendo en cuenta que el 92% de las empresas por número de trabajadores son pymes y autónomas".

No todo el mundo opina así. Fernando Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, cree que el ahorro no justifica las medidas adoptadas: "Son cifras minúsculas, se ha ido a lo más mediático, haciendo recaer sobre los sindicatos una especie de sombra sobre su capacidad para ejercer sus propias funciones y lo que se está haciendo es ponerles impedimentos".

Hay centros que se han quedado sin comité de empresa con el recorte

Valdés va más allá: "Lo que están haciendo las Administraciones públicas al modificar unilateralmente los acuerdos que ellos mismos firmaron, es mermar el principio base de aquellos acuerdos, que es la promoción de la actividad sindical", continúa. "No se les impide su actividad, porque se respeta la ley, pero se retrocede".

Desde los sindicatos los recortes se han recibido como un ataque, pero también con cierto pragmatismo. Así, José Javier Cubillo, secretario de Organización de UGT, huye en su análisis del derrotismo: "Un 35% de los liberados permanece, ha sido un cambio importante pero no nos ha dejado inoperantes, todo funciona con normalidad, con algo más de apretura, pero también ha servido para plantearnos que las cosas pueden ser de otra manera". "Las administraciones tienen menos gente, estábamos mucho mejor antes, pero hay que apañarse", prosigue. "No nos han puesto a las patas de los caballos. Otra cosa es si nos conformamos y no, no nos conformamos".

El secretario de Organización de UGT no oculta que el recorte ha tenido un efecto purga: "En algún caso ha servido para eliminar situaciones encubiertas que no conocíamos, acuerdos a los que se había llegado de que se liberase a Fulanito o Menganita... Digamos que ha obligado a todo el mundo a estructurarse y se están aprovechando mejor las horas".

Francisco Díaz, de 52 años y liberado sindical de UGT desde hace cinco, reacciona al comenzar la conversación con un do de pecho. En septiembre, él también regresó a su puesto como auxiliar administrativo en el centro de extracción de sangre de Madrid (el autobús que recorre la comunidad extrayendo sangre a voluntarios). ¿Que cómo lo lleva? "Pues bien. Laboralmente estoy estupendamente. Al mal tiempo, buena cara. En su momento me leí el acuerdo que se firmó, vi lo que había y el día 1 me incorporé al trabajo tan ricamente. No lo llevo mal, estando en la calle, un día en un sitio y pasado en otro, se conoce a mucha gente".

Los liberados sindicales llevan meses oyendo que son un gasto superfluo cuando no cosas más duras. Les ha afectado. Por eso reaccionan con orgullo. Pero si rascas un poco, salen las heridas. "¿Si me da pena? No, y eso que me gustaba ser liberado y atender a los trabajadores...", comienza explicando Francisco Díaz. "¿Si me duele? Claro que me duele. Yo me he incorporado a mi puesto estupendamente pero veo los problemas que pueden surgir con el recorte y me afectan. Veo como poquito a poco se pierden derechos que se han tardado años en conquistar. La empresa ahora puede hacer muchas cosas en las que antes a lo mejor se frenaba. Tienen las manos libres", dice con amargura. "Hay gente que llega nueva y que no puede abrir la boca porque entonces ya nos les llaman a hacer suplencias. Me afecta, porque veo que pueden hacer cualquier chapuza y la gente no sabe bien dónde dirigirse, no como antes".

Un requiebro similar sufre Maite Gómez, de CC OO, a media conversación: "Soy sindicalista porque lo llevo en las tripas, si veo que hay injusticias, sea liberada o no, reacciono. El problema es que mientras que antes me dedicaba a la labor sindical a tiempo completo ahora tengo 40 horas al mes para todo, es decir, un día", empieza a explicar. "Llevo 32 centros de mayores, tres comedores sociales y un centro social. No tengo tiempo material para visitar los centros. ¿En qué ha cambiado la situación? En que sencillamente no se puede hacer acción sindical. Lo único que podemos es apagar fuegos".

Cuando recibe quejas de trabajadores de alguno de los centros que le corresponden, Gómez les deriva a la central sindical, aunque allí los recortes también han afectado: "Una sola persona hace lo que antes hacían tres. Como trabajadores esto nos afecta muchísimo. La gente cuando tiene un problema ahora no sabe a quién dirigirse, es casi imposible contactar con los poquitos que somos. Lo que quieren es cargarse los derechos adquiridos sin ningún tipo de oposición".

Luis Costa, de 39 años, y empleado del Archivo Histórico de Protocolos de la Comunidad de Madrid, otro exliberado sindical de CC OO que se reincorporó a su puesto hace un mes, transmite el mismo mensaje: "En lo personal lo llevo bien, con normalidad", empieza a explicar. "Volver a mi puesto no me ha provocado ningún trastorno, al revés, me permite planearme mejor porque ser liberado implica muchos sacrificios y no hay horario. Pero eso a mí no me consuela. Lo que me preocupa son todas las medidas que se están tomando y que van en perjuicio de los trabajadores. Temo por mi puesto de trabajo".

El recorte de liberados no solo ha afectado a quienes ya no lo son, sino también a quienes siguen siéndolo y ahora tienen que asumir más carga de trabajo. Maximiliana Bejarano, de 49 años y liberada en la Federación de Servicios Públicos de UGT -cuyo personal, dice, se ha reducido a un tercio- resume su sensación con claridad: "Lo vivo con mucha tristeza. Ni rabia, ni cabreo, ni impotencia, me da pena... Nos han dejado tiritando".

En el último mes, los distintos sindicatos han podido testar cómo se están viviendo en sus filas los cambios. "Hay gente que lo vive peor y otros mejor", dice Javier Díaz Toril, secretario general sectorial de la Administración Autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid de Comisiones Obreras. "Unos entienden que ha sido un golpe a la base, y otros intentan animarse y pensar en cómo reestructurarnos. Y luego hay gente que se ha cabreado... porque se ha cabreado con el mundo".

Los cambios en su área han sido importantes: "De cerca de 500 secciones sindicales nos hemos quedado con 36", dice. "Hay centros que se han quedado sin comité de empresa". Díaz Toril pone el ejemplo de la residencia de personas mayores de San Martín de Valdeiglesias, a 78 km de Madrid, que se ha quedado sin créditos para las tareas sindicales. "Tienen que hacerlo fuera de la jornada laboral como antes de 1978", se queja. "Es duro, pero hemos perdido lo logrado en 33 años. No nos queda otra que retrotraernos al pasado, reestructurarnos e intentar recuperar con el tiempo derechos que acabamos de perder... Pero me temo que no podremos".

Aunque insiste en que el cambio ha mejorado su calidad de vida, la exliberada Maite Gómez saca a la sindicalista que lleva dentro hacia el final de la conversación. Explica que no se ha resignado. Le está dando vueltas al coco para encontrar formas de hacer frente a los recortes. "Lo que quería el Gobierno regional lo ha conseguido... O no", empieza. "Ahora lo que nos toca es idear nuevas estrategias que les pillen desprevenidos. Desde luego, la forma en que se trabajaba antes es imposible. Es lo que te queda. Si yo no puedo hacer acción sindical como hasta ahora porque me han quitado ese derecho, si a los trabajadores les han quitado los comités de empresa históricos, tengo que buscar otra forma para poder llegar a la gente, es de cajón".

-¿Qué tipo de cosas?

-No puedo decirlo.

-¿Quizá sacarle más partido a las redes sociales y otras herramientas de Internet?

-Bueno, por ahí van los tiros.