Menores con margen de error

Yusef tenía 16 años el 19 de agosto de 2009. ¿O eran 18? ¿O 17? A este extranjero recién llegado a España se le hicieron tres pruebas óseas en tres hospitales de tres provincias distintas entre finales de agosto y principios de septiembre de ese año. El hospital Torre Cárdenas de Almería determinó que era un menor de "aproximadamente 16 años"; un centro de Valencia aseveró cinco días más tarde que su edad era de "aproximadamente 18 años" y un tercer centro de la ciudad de San Sebastián afirmó que "el grado de madurez ósea" era de 17 años. Es decir, fue considerado menor en dos comunidades autónomas y mayor de edad en una tercera en un lapso de 17 días.

La edad es determinante para el futuro de un inmigrante que llega a España: si es mayor y no tiene papeles será expulsado; si es menor debe ser protegido por el Estado, que solo podrá repatriarlo a su país de origen si se cumplen ciertas garantías y si tiene un entorno seguro y estable al que regresar. Por otro lado, en los casos en los que la persona haya cometido un delito, si es mayor se le aplicará el código penal de adultos, más duro y con penas de prisión; si no, podrá beneficiarse de la ley de responsabilidad penal del menor, con medidas más cortas y encaminadas mucho más directamente a la reinserción social.

El caso de Yusef refleja el monumental caos que existe en torno a la determinación de la edad de los extranjeros que llegan a España y que ha sido analizado en el informe presentado ayer por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ¿Menores o adultos? Procedimiento para la determinación de la edad, que denuncia que el sistema no funciona. Las pruebas óseas y dentales no son fiables y presentan grandes márgenes de error que no siempre son tenidos en cuenta; los que aducen ser menores no tienen derecho a asistencia jurídica gratuita; el registro nacional de menores no acompañados está incompleto, de forma que cuando un menor pasa de una comunidad autónoma a otra, si no está registrado, puede ser sometido de nuevo a las mismas pruebas -muchas veces con resultados distintos-; autonomías y fiscalías aplican la ley de forma distinta y la descoordinación entre las regiones es absoluta. En ocasiones, incluso dentro de una misma comunidad autónoma se aplican criterios diversos.

Los ejemplos de prácticas disfuncionales son múltiples. Un informe emitido por un hospital de Granada el 11 de agosto de 2011 fijaba la edad de la persona estudiada como de "18 años según los criterios establecidos por Greulich y Pyle [un estándar de determinación de edad] para varones de raza blanca en la costa este de EE UU". El problema es que el paciente ni era varón, ni era de raza blanca, ni era americano: se trataba de una mujer nigeriana de raza negra llamada Gladys que aseguraba ser menor de edad y que fue expulsada poco después en virtud de este informe.

A un chico le atribuyeron 16, 17 y 18 años en tres ciudades distintas. El mayor de edad sin papeles puede ser expulsado; el menor, no

La escasa fiabilidad de las pruebas óseas es tal que ha ocurrido que a un menor lo consideren mayor de edad al llegar a España y dos años más tarde, cuando en teoría debería tener ya al menos 20 años, otra prueba distinta establezca que es menor. A otro chico le dijeron que tenía 13 años en 2008 y le atribuyeron 19 en 2010, según consta en el informe del Defensor del Pueblo.

Otras veces los exámenes médicos directamente no cumplen con los estándares mínimos exigidos por los expertos y se limitan a señalar, sin más datos, que la "edad ósea es de 18 años". Son informes de media línea en los que el médico no explica por qué ha llegado a esa conclusión ni el margen de error ni la horquilla de edades entre las que puede estar la persona.

Los problemas están claros, pero, ¿qué puede hacerse para garantizar la seguridad jurídica del menor en estos casos y que a la vez el Estado pueda confirmar que no hay fraudes? En primer lugar, según las consideraciones del Defensor del Pueblo, debe partirse de la base de que las pruebas óseas y de mineralización dental tienen márgenes de error y tratar de minimizarlos. No hay un método científico seguro y fiable al 100%.

"La radiografía de la muñeca no es suficiente para determinar la edad", indica Rafael Bañón, médico forense y director del Instituto de Medicina Legal de Murcia. "Hace falta una exploración completa del menor, una radiografía de la boca y, en algunos casos, una radiografía de la clavícula. Con todo esto se podría tener una certeza en algunos casos. En otros, ni siquiera con estas pruebas se habrá llegado a un resultado concluyente y seguirá habiendo margen de error. Entonces tendrán que ser los fiscales los que decidan con otros elementos no científicos como declaraciones de testigos".

Otro de los problemas detectados por el Defensor es que en ocasiones son los propios fiscales los que derivan directamente al menor a un centro médico y el que dice qué pruebas concretas deben hacerse para fijar su edad cuando debe ser únicamente un médico especialista en la materia el que determine el cómo y el qué se debe hacer.

El manual de buenas prácticas en esta materia que han establecido los expertos debería generalizarse. Y los menores tendrían que tener derecho a verificar que así se ha hecho y a recurrir ante los tribunales cuando no se haya seguido, según el informe del Defensor del Pueblo. Una de sus recomendaciones es que se reforme la Ley de Extranjería para garantizar el derecho del menor a estar asistido por un abogado en este proceso.

El informe hace 41 recomendaciones a las autoridades. Pide que se garanticen servicios especializados; un protocolo de actuación que sea seguido por todas las administraciones; y que se corrija el funcionamiento del Registro de Menores Extranjeros para que las distintas puedan compartir sus datos y no se repitan una y otra vez las mismas pruebas ni se someta a radiación a un mismo niño hasta cuatro y cinco veces. "Hay menores que durante meses han estado en un centro sin que se haya comunicado a la Policía Nacional ni conste en el registro", señaló ayer Cava de Llano.

La mayoría de los inmigrantes sometidos a este tipo de pruebas -3.054 en 2010, según datos de la Fiscalía General del Estado- son hombres. Apenas entran chicas a España sin documentación que se identifiquen como menores, lo que hace temer a las asociaciones y al Defensor del Pueblo que haya una realidad oculta: víctimas de trata menores en situación de extrema vulnerabilidad que no son detectadas por las autoridades y que después acaban en clubes en los que acaban siendo invisibles para siempre.