El Gobierno de Navarra pone en marcha el registro de objetores al aborto que impulsó el PSN

Un año después de su polémica aprobación en el Parlamento foral, el Gobierno de Navarra, ahora de coalición UPN-PSN, ha puesto en marcha finalmente el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con el aborto. La norma, que está pendiente de un recurso que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional, afecta solo a los trabajadores del Servicio Navarro de Salud directamente implicados en este tipo de intervenciones, es decir, ginecólogos, obstetras, anestesiólogos, enfermeras y matronas.

Así, estos profesionales que no puedan realizar dicha intervención por razones de conciencia deberán manifestarlo anticipadamente y por escrito, según recoge la ley que regula este registro y que fue impulsada en la anterior legislatura por el PSN y aprobada (con enmiendas de NaBai e IU) con los votos en contra de UPN y CDN. De hecho, desde que la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina (UPN), tomara posesión de su cargo el pasado mes de julio, ya se ha manifestado en varias ocasiones en contra de esta iniciativa, pero según ha recalcado, su Ejecutivo "debe cumplir todas las leyes, aunque no le gusten".

En concreto, el registro ha sido creado por el Gobierno mediante una orden foral de la consejera de Salud, Marta Vera, de UPN, que fue aprobada el 3 de octubre. Su objetivo es recoger las declaraciones de conciencia para, con esta información, conocer los centros públicos en los que se puedan practicar abortos.

En la actualidad, no existen en la Comunidad foral centros públicos donde se realicen interrupciones de embarazo y el Ejecutivo sigue derivando las intervenciones a centros de comunidades vecinas, a la espera de la apertura de una clínica privada en Ansoáin, prevista para principios de año. Este centro, el primero de estas características en Navarra, ya ha obtenido las correspondientes autorizaciones del Gobierno y la licencia de apertura del Ayuntamiento de Ansoáin, y actualmente está en proceso de mejora de las instalaciones, según explican sus promotores.

Así, para la portavoz de Salud del PSN, María Chivite, la creación de este registro "es un paso importante", cuyo objetivo es "organizar al personal sanitario de la red pública para poder poner en marcha la prestación" y acabar así "con las excusas que durante años ha puesto UPN, que aseguraba que no existían ginecólogos dispuestos en Navarra". Ahora, según Chivite, la entrada en el Ejecutivo del PSN demuestra "que algo está cambiando" y "ha facilitado" la creación del registro, "confidencial y voluntario". "Estamos satisfechos", recalca Chivite, porque el objetivo es que las mujeres navarras "no estén discriminadas y se les pueda garantizar este derecho en igualdad de condiciones".

La portavoz de NaBai en materia sanitaria, Asun Fernández de Garaialde, también valora la iniciativa aunque se muestra más escéptica "y poco esperanzada" en que finalmente la prestación se llegue a hacer en la red pública. "Hemos tenido que llegar a este punto de crear este registro por la cerrazón de UPN, y aunque ellos digan lo contrario, aquí siempre ha habido ginecólogos dispuestos a practicar abortos y con este registro se podrá demostrar", asegura.

El PP recurrió esta ley ante el Tribunal Constitucional porque, a su juicio, el registro crearía una "lista negra" en Navarra, "establece serias restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de conciencia" y rechaza que una comunidad autónoma como Navarra pueda regular un "derecho fundamental" igual para todos los españoles. El TC no ha suspendido la aplicación de la norma.

Seguridad y confidencialidad

El fichero incluirá tanto las declaraciones de objeción de conciencia a practicar abortos como las revocaciones que se puedan producir para que el departamento de Salud pueda garantizar una adecuada gestión de dicha prestación sanitaria.

Así, el registro contendrá el nombre, apellidos, DNI, titulación, especialidad, centro en el que el sanitario presta sus servicios y el servicio al que se encuentra adscrito. Su seguridad y confidencialidad dependerá del Servicio de Seguridad de la Información Sanitaria de la subdirección de Organización y Sistemas de Información del SNS-O y también los derechos de acceso, rectificación y cancelación, cuando proceda.

Los profesionales deberán presentar una declaración de objeción de conciencia y especificar a cuáles de los supuestos recogidos en la ley objetan, es decir, la interrupción en las primeras 14 semanas, por causas médicas sin que se superen las 22 semanas de gestación siempre que exista grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o riesgo de anomalías.

En este sentido, la consejera de Salud, Marta Vera, ha explicado que el registro "no es creación" del Ejecutivo, sino que responde al "cumplimiento de una ley" aprobada por el Parlamento y que lo "único que ha hecho el SNS es generar un archivo informático y registrarlo en la Agencia de Protección de Datos".