La CGT critica la subida del 11% en el complemento salarial de los altos cargos universitarios

El sindicato CGT ha manifestado hoy su rechazo a que los "altos cargos académicos de las universidades públicas percibirán un 11% más de complemento salarial, al tiempo que se recortan los presupuestos universitarios". La sección sindical de la citada organización en la Universidad de Valencia muestra su "malestar por lo que considera una subida real en las retribuciones de una parte del profesorado universitario, en concreto, aquel que forma parte de los equipos rectorales y de alta gestión académica". Según el comunicado de la CGT, el Consell de Govern de la Universitat de València aprobó por unanimidad en abril la adaptación normativa de dicho complemento y señala que el incremento afecta a 470 cargos, aunque solo es superior a los 6.000 euros anuales (brutos) en 36 casos". "Así los rectores cobrarán este año por este complemento casi 20.000 euros y sus vicerrectores algo más de 9.000", añade el comunicado, que critica la decisión en un "contexto de medidas de austeridad que están afectando a los sectores más precarios del profesorado y del personal de administración así como a los estudiantes".

Fuentes de la Universidad de Valencia han explicado que el incremento de la retribución reflejado en los presupuestos de la Universitat de València responde a la adecuación de los complementos a la normativa que el Ministerio de Economía y Hacienda realizó en mayo de 2010. Entonces el Gobierno tomó la decisión de reducir el sueldo de los funcionarios un 5% de media y aprovechó esa misma resolución para atender la demanda, largamente solicitada, de regular las retribuciones de los complementos de los cargos públicos, como los académicos y de otros cuerpos funcionariales dependientes del Estado.

Según las mismas fuentes, los presupuestos del 2011 reflejan esa adecuación que, al mismo tiempo que reducía el sueldo general de los funcionarios, venía a resolver una situación anómala que se arrastraba desde hacía unos años y que perjudicaba al profesorado de las universidades que, como la de Valencia, no habían normalizado los complementos retributivos a la espera de la regulación estatal.