Fertiberia formaliza el aval exigido por la sentencia de la Audiencia Nacional

El Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado que Fertiberia, condenada por contaminar las marismas de Huelva, ha formalizado el aval de 21,9 millones de euros que exige la sentencia de la Audiencia Nacional. La compañía ha enviado un comunicado al Ministerio en el que comunica su compromiso de llevar a cabo la recuperación ambiental de los terrenos en los que se sitúan las balsas de fosfoyesos anexas a su planta de producción de fertilizantes en Huelva. El aval era requerido por la Audiencia para garantizar que la compañía financiará la reparación de la zona al completo.

Fertiberia ha presentado una garantía hipotecaria por el valor de 6.235.583,48 euros de dos almacenes en Pancorbo (Burgos) y en Vilar de los Comuneros (Valladolid), propiedad de la empresa. Además, ha presentado un seguro de caución de 15.664.416 euros.

La dictadura franquista concedió en 1967 y 1968 dos permisos a Fertiberia para ocupar 720 hectáreas en la margen derecha del Río Tinto. Allí podía acumular los fosfoyesos, subproductos de la fabricación del ácido fosfórico que se usa como fertilizante. En noviembre de 2003, Medio Ambiente declaró que la concesión había caducado por incumplir las condiciones -en vez de apilar los tres metros de residuos que le permitía la concesión, la empresa acumulaba más de 20-. Fertiberia llevó el caso a los tribunales y en junio de 2007, la Audiencia Nacional dio la razón a Medio Ambiente. La empresa recurrió al Supremo y pidió suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia. El Tribunal Supremo, sin embargo, ratificó el pasado mes de febrero la sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de junio de 2007 en diciembre de 2010.

Ahora, Fertiberia ha presentado un cronograma de trabajo que indica que a partir de septiembre se encontrará plenamente operativa una planta de tratamiento de las aguas que en la actualidad cubren las balsas existentes, comenzando así los trabajos para su completo tratamiento y vertido en condiciones adecuadas. El trabajo durará 18 meses, y se hará en coordinación con las administraciones ambientales regional y nacional.

Además, este proceso se coordinará con los trabajos de estabilización y aislamiento de los materiales presentes en las balsas para la completa recuperación de los terrenos, junto con la monitorización y vigilancia ambiental.