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El Congreso rechaza tramitar la ley de igualdad de trato por la vía de urgencia

Se reducen las posibilidades de que se apruebe esta legislatura el proyecto que prohíbe dar dinero público a colegios que separan por sexo

Las posibilidades de que se apruebe esta legislatura la ley de igualdad de trato, que prohíbe dar dinero público a colegios que solo admiten a chicos o a chicas, han disminuido considerablemente. La Mesa del Congreso ha rechazado la petición del Gobierno de tramitar el proyecto por la vía de urgencia, con los votos del PP, CiU y PNV. La petición de urgencia "trataba de eludir" un debate en profundidad de esta normativa en el Parlamento, ha argumentado la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, sostiene que no tienen "ningún sentido las prisas" para tramitarla, porque el Gobierno "ha tenido plazo de sobra en toda esta legislatura".

A pesar de que portavoces del Ministerio de Sanidad y Política Social aseguran estar convencidos de que la ley se aprobará esta legislatura a pesar del rechazo, lo cierto es que va a ser muy complicado que dé tiempo por la vía ordinaria si los grupos agotan todos los plazos posibles.

El PP y CiU ya han mostrado su rechazo frontal, si no a toda la norma, sí al punto que prohíbe expresamente subvencionar con dinero público a los colegios que separan por sexo, con lo que no podrán convertirse en colegios concertados -financiados con fondos públicos por las comunidades autónomas- o perceptores de dinero a través de convenios puntuales. Esos colegios podrían seguir existiendo, pero como centros privados. Actualmente, hay 67 centros concertados en España que separan a niños de niñas. En conjunto, la subvención pública a esos colegios puede rondar los 100 millones de euros -calculando el coste a partir de un centro concertado de tamaño medio-.

Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), lamentó que el Congreso rechazara la tramitación de urgencia. Considera "inexplicable e injusto" que estos colegios reciban subvenciones, ya que dicho sistema representa un anacronismo y una discriminación. Sus defensores, sin embargo, lo defienden como una opción pedagógica más, legal y, por lo tanto, tan susceptible de recibir subvención como cualquier otra.

Una sentencia de 2008 del Tribunal Supremo respalda que las comunidades nieguen la subvención a los colegios separados por sexo si consideran que no cumplen con sus reglamentos de admisión de alumnos. Pero no se ha aclarado hasta ahora si eso permite retirar las subvenciones a centros que ya estaban concertados desde hace años. De hecho, la justicia tendrá que decidir sobre la decisión de hacer eso mismo que han tomado en los últimos cursos los Gobiernos de Asturias, Cantabria y Andalucía, ya que los colegios a los que se ha retirado (o se les amenaza con retirar) el concierto lo han denunciado. Hasta ahora han salido algunas sentencias de los tribunales de superiores de justicia y será el Supremo con toda seguridad el que finalmente tendrá que dirimir. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que dieron la razón recientemente a los colegios en conflicto dicen que la "educación separada por sexos no implica, por sí sola, discriminación" y añaden que "no existe una normativa que impida a dichos centros concurrir al régimen de conciertos". Esa normativa llegaría si se aprueba finalmente la ley de igualdad de trato, algo que ahora mismo parece difícil.