El Vaticano ordena a las conferencias episcopales luchar contra la "plaga" de los abusos

El Vaticano ha hecho pública hoy una circular enviada a todas las conferencias episcopales del mundo en la que exhorta a los obispos y superiores de los institutos religiosos a "cooperar con las autoridades civiles" en los casos de abusos sexuales a menores cometidos por miembros del clero.

El documento, redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio) y firmado por el prefecto William Levada, es la respuesta del Vaticano a la "plaga" de la pederastia clerical, según la ha calificado hoy el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, y marca las pautas a seguir en los diferentes países cuando los obispos tengan noticias de casos de abusos a menores.

En la circular, el Vaticano ordena a las distintas conferencias episcopales nacionales que elaboren, antes de mayo de 2012, unas "guías claras y coordinadas" para el tratamiento de los casos de pederastia cometidos por curas y religiosos. Esos protocolos deberán ser sometidos a la aprobación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que vigilará su legalidad, y si contienen normas vinculantes deberán pasar también el examen de "los dicasterios competentes de la curia romana", dice la circular.

En la conferencia de prensa celebrada en el Vaticano, Lombardi ha explicado que el documento pide claridad y rapidez a los obispos y los superiores religiosos, y les recuerda que juegan un papel "fundamental" en la lucha contra "la plaga de los abusos".

El sacerdote jesuita ha afirmado que la carta permitirá "afrontar de forma clara, orgánica y adaptada a las situaciones locales" el problema, y ha añadido que se trata "de un nuevo paso muy importante para promover en la Iglesia la conciencia de la necesidad y la urgencia de responder [a los abusos] del modo más eficaz y clarividente".

Lombardi ha dejado traslucir que los escándalos sexuales del clero han minado la confianza en el sistema educativo católico. Según el portavoz vaticano, esta respuesta "renovará la plena credibilidad del testimonio y de la misión educativa de la Iglesia contribuyendo a crear en la sociedad los ambientes educativos seguros de los que tenemos necesidad urgente".

La carta recuerda a los obispos que los abusos a menores "no son solo un delito canónico, sino un crimen perseguido por las autoridades civiles", y afirma que, "aunque las relaciones con las autoridades civiles sean diferentes en cada país, es importante cooperar con estas en el ámbito de las respectivas competencias". En particular, añade el documento, "es necesario cumplir las preceptos de las leyes civiles en cuanto a la denuncia de los crímenes a las autoridades, sin perjudicar el foro interno sacramental", es decir el secreto de confesión.

Cuando tengan noticia de un caso de abusos a menores, los prelados, insiste la circular, deberán "ofrecer ayuda a las víctimas, tratar con respeto al denunciante, garantizar la intimidad y el buen nombre de las personas implicadas, y tener en cuenta las leyes civiles del país, incluida la eventual obligación de advertir a las autoridades civiles". Esa colaboración con las autoridades, recuerda también el Vaticano, "no se refiere solo a los casos de abusos cometidos por los clérigos, sino a los que impliquen a personal religioso y laico que opera en las estructuras eclesiásticas".

La carta insiste en que la prevención y la formación de los futuros curas y religiosos es crucial, y debe basarse en las enseñanzas de "la castidad, el celibato y la responsabilidad de la paternidad espiritual".

Además, el Vaticano recuerda que el eventual acusado tiene derecho a recibir "información sobre las acusaciones y la posibilidad de contestarlas", y "en todo caso a un tratamiento justo y digno". La carta indica asimismo que la legislación canónica establece que las medidas a seguir contra un sacerdote acusado de abuso sexual van desde "restringir el ejercicio público del ministerio de modo completo o al menos excluyendo el contacto con menores" hasta "una pena eclesiástica, siendo la más grave la dimisión del estado clerical".

El cardenal estadounidense Levada conmina a los prelados a no permitir "el regreso del clérigo al ministerio público en caso de peligro para los menores o de escándalo en la comunidad", si bien matiza que "el clérigo acusado goza de la presunción de inocencia hasta prueba en contrario, aunque el obispo puede limitar de forma cautelar el ejercicio del ministro, en espera de que las acusaciones sean aclaradas". En caso contrario, el obispo "deberá hacer de todo para rehabilitar la buena fama del clérigo que haya sido acusado injustamente", afirma el texto.

Las indicaciones generales definen como "prioritaria" la atención a las víctimas, "la ayuda y asistencia espiritual y psicológica a sus familias, siguiendo el ejemplo dado por el Papa", e insisten en fomentar el desarrollo de "programas de prevención para crear ambientes seguros para los menores".

El Vaticano pide además a los obispos que favorezcan "el intercambio de información sobre los candidatos al sacerdocio cuando estos sean transferidos", y les anima a llevar a cabo programas de "formación permanente" y de forma específica sobre los abusos.

La carta resume además la legislación canónica vigente de los delitos de abusos, que fue puesta al día en mayo de 2010 cuando el Vaticano revisó el motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. Entonces, el ex Santo Oficio endureció las penas contra los clérigos pederastas y aumentó el plazo de prescripción de los delitos de 10 años a 20 años.