El funcionario del Registro será quién decida el orden de los apellidos en caso de desacuerdo

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha alcanzado un acuerdo hoy que determina que el orden de los apellidos de los hijos lo decida el funcionario del Registro Civil si en tres días los padres no son capaces de ponerse de acuerdo al respecto.

Finalmente no será el orden alfabético como había propuesto en principio el Gobierno, ni al azar, como habían sugerido otros grupos parlamentarios de la oposición.

Conforme a una enmienda pactada, si no hay acuerdo entre los padres, se les avisaría de que cuentan con tres días más para cumplir con su obligación de fijar el orden, y de no hacerlo en ese plazo, decidirá el funcionario, atendiendo siempre al interés del menor. Así lo ha celebrado el diputado nacionalista catalán Jordi Jané durante la votación: "Aporta sentido común a lo que el proyecto de ley establece, la regla alfabética no tenía ningún sentido si hay una discrepancia sobre el orden".

Fue a comienzos de abril cuando los grupos políticos hicieron pública su postura sobre cuál debe ser el orden de los apellidos de los hijos en caso de desencuentro entre los progenitores a la hora de inscribir a su descendencia en el Registro Civil. Desde el Gobierno, se quiere que sea el orden alfabético el que determine el orden de los apellidos; el PP apuesta por poner el del padre en primer lugar y, si esto no sucede, coincide con el PNV en mantener el menos frecuente. Desde ERC-IU-ICV se deja al azar la disposición de los apellidos.

En lo que todos estaban de acuerdo, no obstante, era en que el orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determinará el orden de los apellidos del resto de los hijos.

"Con el fin de avanzar en la igualdad de género se prescinde de la histórica prevalencia del apellido paterno frente al materno permitiendo que ambos progenitores sean los que decidan el orden de los apellidos", dice el texto del proyecto de ley que busca reformar el Registro Civil de 1957 que, en opinión del Ejecutivo, ha dado muestras de calidad técnica y de su capacidad de adaptación a lo largo de estos años.

Tras la votación de hoy, el proyecto de ley se remitirá directamente al Senado ya que la Comisión de Justicia del Congreso cuenta con competencia legislativa plena y no es preciso que el tema vuelva a discutirse en sesión plenaria.