La Audiencia de Barcelona condena a ocho años de cárcel a una banda de estafadores que se hacía pasar por directivos de Adif
Los cinco implicados en la trama estafaron 240.000 euros a particulares con la venta fraudulenta de viviendas
La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta ocho años de prisión a cinco implicados en una trama que logró estafar 240.000 euros a particulares mediante la venta fraudulenta de pisos, haciéndose pasar por directivos de la compañía ferroviaria Adif.
En su sentencia, la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de ocho y siete años, respectivamente, a los dos dirigentes de la red, Francisco López y Mireia Blanco, que se hicieron pasar por director ejecutivo de Adif y secretaria adjunta al director general para perpetrar su estafa. Además, el tribunal ha condenado a penas de entre dos y siete años de cárcel a otros tres implicados en la trama, entre los que figura un abogado y una empresaria que colaboraban con los principales acusados asesorándoles en la estafa y facilitándoles documentación falsificada.
La trama logró estafar unos 240.000 euros mediante la venta fraudulenta de pisos que no les pertenecían y, para dar una apariencia más creíble ante sus víctimas, contrataron una campaña publicitaria valorada en 1.792.000 euros y acumularon una deuda con los medios de comunicación de más de tres millones de euros.
El principal acusado, Francisco López, urdió la estafa a mediados del año 2008, poco después de salir de la cárcel por hechos similares, junto a su pareja, Mireia Blanco. Ambos, provistos de tarjetas que los presentaban como directivos de Adif, establecieron contactos profesionales con representantes de distintas empresas de servicios radicadas en Cataluña, a quienes ofrecieron la adjudicación directa de servicios de seguridad, limpieza y obras de varias estaciones de tren, así como de una millonaria campaña de publicidad.
Aprovechando la confianza establecida con esos clientes, los acusados les ofrecieron comprar docenas de pisos frente a la estación de Francia de Barcelona, con vistas al mar y a un precio muy inferior al del mercado, argumentando que a Adif, propietaria de los pisos, le urgía venderlos por sus necesidades de liquidez.
De esa forma, consiguieron que sus víctimas les entregaran varios anticipos para la compra de los pisos, tras firmar los correspondientes contratos de reserva, que se encargaba de elaborar la condenada María Maria Cuéllar, experta en el sector inmobiliario, a cambio de una comisión del 10% de las fraudulentas ganancias.
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