El Gobierno anuncia un dietario para gestionar los conflictos religiosos desde lo local

Cuando se muere un madrileño de religión musulmana, sus familiares deben pedir permiso a Marruecos para enterrarlo en el único cementerio que hay en la Comunidad de Madrid según el rito que dicta el Corán. Está en Griñón, a unos 30 kilómetros de la Puerta del Sol, y lo creó el dictador Franco para su guardia personal, la Guardia Mora. Está abierto también a los musulmanes de las dos Castillas, pese a que apenas queda espacio para 800 tumbas. La población a la que da servicio supera ya las 200.000 personas.

A falta de la prometida reforma de la ley de Libertad Religiosa, el Gobierno se conforma con la elaboración de un manual de buenas prácticas o protocolo para uso de las autoridades locales. Lo están pactando la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y estará listo el próximo junio, después de las elecciones municipales. Lo anunció ayer el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en una jornada organizada por Tender Puentes y la Fundación Ideas con el título Creencias diversas, ciudadanos iguales. Gestión pública de la diversidad religiosa. José Manuel López Rodrigo, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, explicó más tarde algunas líneas de ese pacto. Esta fundación, dependiente del Ministerio de Justicia, gestiona las relaciones con las religiones, excluida la Iglesia romana cuya interlocución lleva directamente el ministro Jáuregui directamente con el Vaticano o a través de la Conferencia Episcopal Española.

Hay unos cuatro millones de españoles que confiesan religiones distintas a la católica (musulmanes, evangélicos, judíos, testigos de Jehová, budistas, mormones, etc.). Muchos son españoles de nacimiento, forzados todavía a mendigar derechos en clara desigualdad con otros de religión católica. Por ejemplo, ocurre cuando solicitan a su Ayuntamiento licencia para abrir una mezquita, una sinagoga o un templo protestante. A veces, el alcalde les remite a la concejalía de emigración. Cuando se le advierte que está hablando con un español de varias generaciones, el edil acaba remitiéndolo a la concejalía de Cultura y Espectáculos, cuyo titular no entiende qué tiene que ver con los espacios de culto. Al final, se toma un camino extravagante: La mezquita abrirá con una licencia de sala de fiesta o de salas de cine, incluida la obligación de contar con una docena de servicios y baños, o más. Si el pastor, el imán o el rabino preguntan por qué no se exige la misma reglamentación a los templos católicos, el alcalde despacha: "Esos siempre han estado aquí".

El ministro Jáuregui reconoció en la introducción del debate de ayer que las religiones estás siendo percibidas por la sociedad de manera negativa a causa de algunos signos de fanatismo e, incluso, de violencia. También les reprochó su resistencia a los cambios, por ejemplo en materia de igualdad. Citando a la confesión católica, aludió, por ejemplo, a la idea de algunas jerarquías eclesiásticas que consideran un adversario la ideología de género, o la resistencia a los avances biomédicos. "Raya en el ridículo, por ejemplo, su apelación a la ley natural para oponerse a los métodos anticonceptivos", señaló.

El ministro de Presidencia se mostró esperanzado por los resultados del diálogo entre la Fundación Pluralismo y Convivencia y la FEMP para estructurar cómo las autoridades locales tienen que actuar ante el hecho religioso. "Son tan grandes los retos. Hay tanto que hacer que nos necesitamos todos", dijo en defensa de una laicidad incluyente, no agresiva, "reconocedora del hecho religioso".

Algunos de los aspectos que el protocolo de actuación aclarará con ejemplos claros se refieren a cómo deben responder los ayuntamientos a la solicitud de licencias para lugares de culto, el tratamiento de los diversos cementerios, decisiones coordinadas sobre vestimenta o sobre la alimentación en centros escolares, el uso de los espacios públicos o cómo actuar ante el hecho religioso en hospitales, cuarteles, mataderos, etc. "El futuro es un país más laico y un país con más libertad religiosa. Ambas cosas son compatibles", subrayó José Manuel López.

El Gobierno socialista se había comprometido a regular esos y otros muchos aspectos con una reforma a fondo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, pero ha renunciarlo a hacerlo. Fue el presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien lo anunció a finales del año pasado, después de reunirse con el Papa. Ayer ratificó esas intenciones el diputado Álvaro Cuesta, miembro de la dirección federal del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso. "El marco actual es positivo, pero está superado. Se necesita una reforma, pero no hay el consenso necesario para llevarla adelante. En todo caso, se puede ir avanzando por la vía de los hechos", dijo.