El Tercer Sector pide a Bienestar que no demore la aplicación de la Ley de la Dependencia

La Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, plataforma que agrupa a 3.000 organizaciones privadas no lucrativas que trabajan en favor de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, ha pedido hoy al consejero de Bienestar de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, que no aplaze las ayudas a la dependencia moderada y que exija al Estado la aportación del 50% del gasto que supone la aplicación de la Ley de la Dependencia.

El consejero aseguró ayer en el Parlament que el Estado sólo aporta el 31% del dinero para las prestaciones y ayudas económicas que perciben los beneficiarios de la Ley, cuando su compromiso era de participar con el 50%. Cleries aseguró que la "escasa" aportación estatal y el "retraso acumulado" en los pagos durante el Gobierno tripartito han llevado a la actual situación de colapso en aplicación de la Ley: según los datos revelados ayer por el departamento, un total de 54.627 personas estan esperando a que se realice la valoración de su grado de dependencia o que se les aplique el denominado Plan Individualizado de Atención (PIA). En el 67% de los casos, se ha superado ya el plazo máximo de respuesta de la Administración. Ante esta situación de colapso, agravada por los recortes presupuestarios, Cleries ha asegurado que su departamento se ve obligado a establecer prioridades: los ciudadanos con alta o moderada dependencia tendrán prioridad, mientras el consejero pedirá a la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, una moratoria en la apliación de la Ley para los dependientes de grado moderado.

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras, ha advertido que los recortes presupuestarios "no pueden afectar a una ley (la de Atención a la Dependencia) tan importante y que afecta a tantas personas". "No podemos dar pasos atrás, hay que reclamar si o si los recursos para poder aplicarla", asegura. Según Guiteras, el Estado debe cumplir su compromiso de aportar el 50% de los recursos y la Generalitat debe buscar fórmulas para evitar que la burocracia o la negligencia genere un atasco de tanta magnitud de expedientes que están por resolver. Cleries reconoció ayer que a causa de los retrasos, 17.374 personas con derecho a reconocido a recibir alguna ayuda económica o alguna prestación han muerto sin haber empezado a percibirla.

También ERC ha solicitado hoy a Cleries que exija al Estado "que cumpla con la financiación de la Ley antes de optar por no aplicarla". El diputado republicano Pere Bosch pregunta al consejero cómo justificará a las 25.000 personas diagnosticadas como dependientes moderadas que "entrarán en el sistema cuando su situación sea peor". "Es en este grado moderado en el que se debe intervenir para mantener la autonomía de las personas", asegura Bosch.