La Generalitat señala al Gobierno central y al tripartito como culpables de los recortes en la Ley de Dependencia

El consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, ha dicho hoy que "los recortes los practican otros", en referencia a la reducción del presupuesto del Estado dedicado a dependencia y al "retraso acumulado" en los pagos por el tripartito, y ha asegurado que él, por su parte, lo que hace es priorizar. "Me han acusado de recortar, pero lo que yo hago es priorizar", ha añadido el conseller durante el desayuno informativo Fórum Europa. Tribuna Cataluña, en el que ha confirmado su intención de pedir al Estado una moratoria en la aplicación de la Ley de Dependencia para el grado moderado.

El consejero ha reiterado que el Gobierno tripartito incumplió sus compromisos en la atención a las personas con dependencia porque 54.627 personas todavía están esperando que se realice la valoración de su caso o se aplique el Plan Individualizado de Atención, de las cuales el 67% están fuera de plazo.

"¿Estas cifras no son recortes?", se ha preguntado el consejero, que ha añadido que el Estado ha reducido en un 5% la partida dedicada a la aplicación de la Ley de la Dependencia destinada a Cataluña este año, a pesar de la entrada en vigor de la aplicación de la misma para las personas con dependencia moderada. "El Estado pisa nuestras competencias, nos impone la aplicación de la Ley de Dependencia y reduce la aportación económica", ha criticado el titular.

"No podemos estirar más el brazo que la manga. Hay que priorizar", ha sentenciado Cleries, que el próximo 3 de marzo se reunirá con la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y le pedirá una moratoria en la aplicación de la Ley de Dependencia para los dependientes de grado medio. "Primero hay que atender a los grandes dependientes y las dependencias severas", ha añadido el consejero, que espera "ponerse al día" en un plazo de cinco meses.

Para ello tiene previsto concertar plazas en residencias geriátricas privadas que cumplan los requisitos necesarios. Estos requisitos se concretarán en el decreto de acreditación de residencias que la consellería ya está tramitando, según ha anunciado el mismo Cleries que también ha denunciado el "agujero" que ha dejado el anterior gobierno en el apartado de ayudas a familias con hijos menores de seis años, ya que, según ha dicho, "hay 106 millones de euros que se tenían que haber pagado en el 2010 y que ni siquiera estaban contabilizados".

Respecto a los certificados de arraigo de inmigrantes que tiene que expedir la Generalitat en colaboración con los ayuntamientos, Cleries ha anunciado que se reunirá próximamente con las asociaciones municipalistas "para homogeneizar criterios".