Nueva hornada de investigadores en España

Se acaba de cerrar el plazo para solicitar un contrato del programa Ramón y Cajal, el buque insignia de la ciencia española para recuperar cerebros fugados y evitar con ello derrochar el dineral que nos costó a todos su formación. En unos pocos meses se resolverá la nueva convocatoria, y una nueva hornada de 250 investigadores tendrán que decidir entre quedarse produciendo riqueza en centros de investigación extranjeros, como Oxford o Princeton, o integrarse en universidades como Murcia o Lleida para contribuir al sistema español de ciencia y tecnología.

De las experiencias que han llegado a la ANIRC (Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal ) de los ya diez años de programa se pueden extraer -además de varias novelas- algunas conclusiones que pueden resultar interesantes para los que se estén pensando volver. Por otro lado, por su diseño y objetivos, el programa Ramón y Cajal es un buen indicador del estado de la investigación nacional: los problemas con que se encontrarán los nuevos, el entorno en el que deberán desarrollar su labor, y las pistas sobre cómo culminar con éxito el contrato de cinco años, ofrecen un mapa -todo lo fragmentario que se quiera- de los ecosistemas de la ciencia española. Recorrer en paralelo ambos aspectos, el de qué hacer si se obtiene un contrato Cajal, y el medio ambiente en que se desarrollan dichos contratos, es una buena manera de proporcionar una cierta radiografía de la ciencia en nuestro país.

La primera clave resulta ser el centro. Un Cajal es un paracaidista. Alguien desconocido, pagado por el ministerio, que le cae del cielo a un grupo de investigación con el objetivo de reforzarlo. El éxito de un contrato Cajal depende críticamente de donde se caiga, y con qué pie se aterrice. Los datos de las últimas promociones dicen al respecto que empecinarse en ir a un centro en el que a uno no le quieren es garantía de fracaso. También, que hacerse con un hueco en los grandes centros de Madrid y Barcelona es más difícil que en las universidades pequeñas, y que en el CSIC y otros organismos públicos de investigación (OPI) hay un tapón importante de Cajales que sólo puede engordar en el futuro, dada la raquítica oferta de empleo público de los años pasados. Afortunadamente, como cada año hay más ofertas de centros a los que incorporarse que candidatos, se puede elegir hasta cierto punto, aunque no siempre se pueda ir a donde a uno le gustaría, a tu ciudad de origen, o donde se encuentran los mejores en tu campo.

Respecto a con qué pie se entra, conviene saber que el programa RyC no es un tenure track -periodo de prueba conducente a la estabilización- como el que existe en otros países. Conseguir un contrato RyC no asegura, ni mucho menos, que uno pueda seguir dedicándose a la ciencia después de cinco años. El que se haya trabajado bien y conseguido culminar una investigación puntera no garantiza nada. Lo que ofrece el contrato en realidad es incorporarse a un grupo, pero es necesario que el Cajal encuentre su lugar si quiere quedarse. Para ello, y además de trabajar mucho, publicar muchos artículos en revistas prestigiosas, y generar mucho dinero para su centro, tendrá que desarrollar una prodigiosa mano izquierda y un equilibrio digno de un maestro zen. La política de entrar como un elefante en una cacharrería no suele funcionar. Exigir derechos, aunque se tengan, tampoco.

Precisando un poco más, cuando se está dentro las reglas básicas del éxito parecen ser evitar conflictos, procurar encajar, ser modesto, flexible, y generoso. Normas que pueden parecer de mero sentido común cuando uno se incorpora a un sitio nuevo, pero que en todo caso no conviene olvidar. En cuanto al marco real, y no el ideal, el Cajal que opte por ir a una universidad deberá asumir que a menudo le tocará dar las clases que no quiera nadie, ya que la antigüedad en llegar a un sitio, y no el mérito adquirido subsecuentemente, sigue siendo el criterio básico de prioridad en la universidad española. También deberá contar con que para optar a proyectos de investigación públicos tendrá que rogar (y eventualmente, pagar) favores personales, puesto que un único investigador, por muy bueno que sea, no puede solicitar un proyecto sin contar con la firma de alguien de su mismo centro. También, deberá saber que el número máximo de horas de clase que puede dar como Cajal, aunque suficiente para llegar a ser profesor titular, le penalizará en evaluaciones futuras. Y que es posible que haber sido seleccionado para el programa tampoco le sea considerado un mérito en la nueva Ley de la Ciencia. En resumen, que es muy probable que se encuentre en peor situación que alguien que hubiera empezado haciendo fotocopias en su departamento nada más acabar la carrera, que no se haya movido de su sitio, y que no haya pasado jamás ninguna evaluación independiente. El conocido tema de la endogamia en la universidad española.

Los que quieran incorporarse ahora deberán tener claro también que aunque el Ministerio de Ciencia e Innovación financie estos contratos, éste no cuenta con ninguna capacidad real para fiscalizar su cumplimiento. Tanto los OPI como las universidades poseen plena autonomía. Los conflictos que surjan en un contrato RyC sólo pueden resolverse o amistosamente (lo deseable); recurriendo a la instancia superior (lo habitual); o a través de magistratura de trabajo (el último recurso); es decir, como cualquier otro tipo de contrato laboral. Desde hace unos pocos años, la situación no es fruto de falta de voluntad política ni de dejadez por parte del ministerio. En sucesivas reuniones con los tres últimos responsables del programa, el secretario de Estado Màrius Rubiralta, y los directores generales José Manuel Fernández de Labastida y Montserrat Torné, he podido comprobar que se ha ido derivando hacia un genuino interés político en el éxito del programa Ramón y Cajal, pero que la realidad organizativa de la ciencia y de la universidad españolas es la que es. O se realizan cambios a nivel superior o hay poco que hacer al respecto. De momento, nadie debería engañarse fantaseando con que alguien del ministerio va a acudir raudo en un caballo blanco si se comete una injusticia contra un Cajal. Simplemente, no pueden.

¿Qué debería hacer alguien ya puesto en antecedentes y después de pensárselo bien antes de firmar un contrato Ramón y Cajal?. En primer lugar, informarse bien de si el centro al que quiere incorporarse tiene verdadera intención de cumplir con el compromiso de estabilizarle tras el contrato. Es una condición necesaria -aunque no suficiente- para el éxito. Para ello, es deseable contrastar experiencias con los Cajales que le hayan podido preceder en el sitio, con asociaciones que tengan datos objetivos de estabilización en ese lugar, o con los datos que recaba el propio ministerio. Aquí, una buena búsqueda a través de internet, y unos cuantos correos electrónicos pueden ayudar a formarse una idea más clara de en dónde se mete uno.

Después de este primer contacto el nuevo Cajal debería comprobar que existe una buena sintonía personal con el que va a ser su jefe inmediato durante cinco años. Y, también, con los que van a ser sus compañeros. De otra manera, va a ser muy difícil que consiga los medios necesarios para investigar y que luego logre que se convoque una plaza a la que pueda optar. También debería intentar extraer información precisa sobre lo que se espera de él, tanto en producción propia como en la colaboración científica con los otros miembros del grupo. ¿Cuántos artículos se escriben de media en el grupo? ¿Está mal visto escribir más? ¿Hay algún conflicto de líneas de investigación? ¿Firman los artículos los que participan en ellos, o se sigue la costumbre de repartirse para engordar los currículos? ¿Qué criterio se sigue en el orden de firma? ¿Cuál es la política de asignación de instrumentos científicos? ¿Pide el jefe los proyectos y luego los reparte? ¿Podrá el Cajal liderar sus propios proyectos? ¿Y gestionar a su propio personal?. Cuanto más sensatas, claras y creíbles sean las respuestas a estas preguntas en un primer encuentro, más engrasada estará la máquina desde el principio y menos espacio habrá para conflictos irresolubles.

La siguiente parte para convertir a un Cajal en un científico consolidado es la disponibilidad presupuestaria. En este aspecto, y mientras se siga ligando la provisión de plazas al albedrío de los centros, no parece que estemos en un buen momento. El marco general no es alentador. Aún no se han apagado los ecos del humillante espectáculo de la recepción de las ofertas de empleo en Alemania para técnicos cualificados, un tema que debería sonrojar (y no aliviar, como parece) a nuestros gobernantes. Si hemos conseguido dar una cualificación suficiente a varios centenares de personas para irse a trabajar a Alemania y no les podemos poner a producir aquí, es que no estamos haciendo bien las cosas a varios niveles. No es posible que no haya nadie en este país que sepa qué hacer con tanta materia gris. Con la ciencia, ocurre lo mismo. Si el sistema nacional no es capaz de absorber a 250 científicos altamente cualificados cada año, es que existe un problema estructural serio, a alguien le faltan ideas, y no hemos hecho bien los deberes.

Volver con un contrato Cajal es un riesgo personal, sin duda. Pero también supone una oportunidad profesional con la que se adquiere, al mismo tiempo, la responsabilidad de intentar mejorar el sistema desde dentro. El país va a necesitar muchos más científicos de élite para dar el salto a un modelo productivo basado en el conocimiento. Es muy importante por tanto que vuelva el mayor número posible de gente preparada, y en todas las ramas. Y el Ramón y Cajal sigue siendo la única vía reglada para ello.

El panorama que he descrito arriba muestra las diferencias entre lo que pudo pensarse que fuera y en lo que se ha convertido en la práctica este programa. Que a alguien le salga bien depende de dónde se aterrice, de mucha mano izquierda, y de un poco de suerte mezclada con cintura para navegar dentro del sistema. Si no se trataba de esto, sino de potenciar a los mejores dándoles continuidad, medios e independencia, la ministra Garmendia, de quien depende la gestión, y el presidente del gobierno, que fija las prioridades presupuestarias, deberían hacer algo al respecto.

Francisco J. Tapiador es vicepresidente de la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal (ANIRC), y profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)