La Audiencia de Barcelona exculpa a los abogados que ayudaron a los policías corruptos a robar cocaína

La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa contra los dos abogados que estaban acusados de colaborar con la red de narcos y policías corruptos que robó 400 kilos de cocaína del puerto, ideando una estrategia para desacreditar a los guardias civiles que dirigían la investigación contra la banda.

En un auto, la sección segunda de la Audiencia decreta el sobreseimiento libre para los letrados Juan Ignacio R. y Juan G., al considerar que su participación en la trama podría ser considerada una conspiración pero no constituye los delitos de asociación ilícita, calumnias y obstrucción a la justicia que les atribuyó la juez instructora. De esa forma, el tribunal enmienda el auto de procesamiento contra los 27 imputados relacionados con la banda integrada por policías y narcotaficantes que en el año 2005 robó 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona y cierra el caso para los dos letrados, mientras envía a juicio al resto de implicados.

En la trama, que un juzgado de Martorell investiga desde el año 2005, están imputados delincuentes comunes, guardias civiles -entre ellos un teniente coronel- y expolicías nacionales, así como los dos letrados que ahora han sido exculpados y un periodista. Los abogados y el periodista estaban acusados de haber colaborado con la banda de narcos y policías, en una estrategia encaminada a desacreditar la investigación sobre el robo de 400 kilos de cocaína, mediante informaciones y denuncias contra los mandos de la Guardia Civil que dirigían las pesquisas.

A los tres, junto a varios de los agentes implicados, se les atribuía el delito de asociación ilícita, pero la Audiencia ha descartado ahora esa imputación, por considerar que en este caso no hubo un "acuerdo perdurable en el tiempo" para delinquir ni existía una relación jerárquica entre sus miembros, más allá de una mera "amistad o compadreo".

Por el contrario, el tribunal sí ve indicios del delito de asociación ilícita en la organización de narcos y policías, dado que constituían un "entramado delictivo en el que aparecen como figuras directivas unas personas y como colaboradores o auxiliares otras".

Respecto a las calumnias, la sala descarta que pueda imputarse a los letrados porque ese tipo de delito no permite concebir de entrada más que un sólo autor y debe imputarse únicamente al periodista Fernando G. B. por ser el autor de los tres artículos de prensa que buscaban desacreitar al coronel Miguel Gómez Alarcón, que dirigía la investigación.

Según el tribunal, en esos artículos, que acusaban a Gómez Alarcón de haber protegido a un confidente policial limpiando incluso sus antecedentes policiales, el periodista ofreció supuestamente una información "descontexualizada y en cierto modo sesgada" y no consta que cumpliera con el deber de diligencia al contrastar sus fuentes.

El tribunal desecha también imputar obstrucción a la justicia a la trama de letrados y periodista y lo rebaja a una "conspiración para distorionar el proceso" judicial mediante formas "que no constituyen precisamente el paradigma de una defensa jurídica y de la buena fe", pero que no constiuyen ningún ilícito penal.