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El Sermas, condenado a pagar 123.000 euros por el retraso al diagnosticar un cáncer

Al paciente se le hizo una punción, que arrojó que tenía un tumor benigno

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas), dependiente de la Consejería de Sanidad, tendrá que pagar 123.288 euros a la esposa y a los dos hijos de Rafael F. A., de 52 años, que murió después de que se le detectara con retraso un cáncer en un ganglio linfático, según ha informado la asociación El Defensor del Paciente. La Sala 9ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al hospital La Paz por mala praxis en la asistencia al paciente, en concreto en el servicio de Otorrinolaringología. Según los jueces, los médicos tardaron cuatro meses en detectar el carcinoma.

El paciente fue intervenido en cinco años (entre 1998 a 2003) en tres ocasiones de un carcinoma epidermoide de la amígdala izquierda, de laringe y de seno periforme izquierdo en la sanidad privada. A partir de 2003 comenzó a tratarse en la sanidad pública. Su otorrino le atendió el 5 de junio de ese año. Tras hacer una punción con una aguja fina, le diagnosticaron que tenía un tumor benigno.

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Cuatro meses más tarde, el 17 de octubre, le apareció una lesión medular en la zona submandibular y otra en la supraclavicular. Fue operado de ambas el 13 de noviembre. Desde entonces, se sometió a diversas intervenciones por el carcinoma. El 23 de agosto de 2004, Rafael F. A. ingresó en urgencias con fiebre. Tras varias pruebas, se le apreció un tumor pulmonar y metástasis en los pulmones. Falleció cuatro días después.

La sentencia recoge, según el Defensor del Paciente, que la punción suele dar resultados de falsos negativos (puede fallar), por lo que deberían haber continuado las pruebas diagnósticas. El no hacerlo así retrasó la intervención del cáncer que padecía y permitió la metástasis. La demora ha sido calificada como mala praxis, por lo que los jueces acceden a la indemnización solicitada por la esposa del fallecido. El caso lo ha llevado la abogada Carmen Fernández-Bravo García, de Defensor del Paciente.

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