Google niega a Protección de Datos legitimidad para ordenar la cancelación de contenidos

El gigante de Internet Google ha comparecido esta mañana ante la Audiencia Nacional para negar que la compañía tenga capacidad para alterar o modificar los contenidos que aparecen en el buscador. Google se defendía así del pleito planteado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que solicitó a la filial española de Google la cancelación de datos personales de cinco ciudadanos indexados en el más potente de los buscadores de Internet.

"Los buscadores no son más que un reflejo de los contenidos de los servidores", ha argumentado el abogado de la compañía, Javier Aparicio Salom, socio de Cuatrecasas, que ha insistido en que Google se limita a almacenar la información, que la responsabilidad de los contenidos es del propietario de la página web y que retirar la información es una suerte de "censura".

En la vista, la primera en Europa, sobre el derecho de cancelación de datos en Internet, se han examinado los casos de cinco ciudadanos que reclamaron a Google que cancelara de su índice la información aparecida en varios boletines oficiales y medios de comunicación. Apelaban todos ellos al derecho a la protección de datos y a la privacidad.

Google ha reiterado que el regulador de la privacidad en España no tiene jurisdicción sobre la compañía de Internet, toda vez que quien se encarga de los servicios del tratamiento de datos es Google Inc., la empresa matriz y está radicada en Estados Unidos.

"¿Quiere eso decir que la protección de los derechos se tiene que ejercitar en California?", ha preguntado el presidente del tribunal. Para el abogado del Estado José Antonio Perales, la respuesta es clara. "Para el tratamiento de los datos Google utiliza medios situados en territorio español" al hacer uso de las cookies, una especie de galletas que rastrean los sitios visitados para insertar publicidad. Por eso, la Agencia Española de Protección de Datos se considera competente para "obligar a Google a que retire todos aquellos contenidos que un ciudadano considere ilícitos".