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Los periodistas se acogen al secreto profesional en el caso del espionaje

Numerosas protestas de fiscal ante las preguntas de las dos acusaciones

Los periodistas que declararon ayer ante la juez Ana Zuleta por una presunta revelación de secretos del sumario del supuesto caso de espionaje en Álava se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes de información. Los siete profesionales —dos de EL PAÍS, tres de El Correo y dos de El Mundo del País Vasco— comparecieron ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Vitoria como testigos, una vez que fue levantada la inicial petición judicial de imputados, y coincidieron en no aportar datos sobre cómo consiguieron sus informaciones. Uno de ellos apenas declaró ya que se reconoció el error en haber sido citado. Otro periodista de EL PAÍS completará el lunes la relación de testigos.

La unánime posición de los informadores y las numerosas protestas del Ministerio Fiscal ante las preguntas de los abogados de Aitor Tellería y los ertzainas Carlos Lau y Jesús Acha —los tres implicados en la supuesta trama de espionaje— caracterizaron la vista, que se prolongó durante cuatro horas. Se llegaba a ella una vez que la juez no admitiera un escrito del fiscal en el que se pedía suspender la diligencia, al tiempo que se reclamaba una aclaración sobre el auto de respuesta a un recurso anterior, al que, de hecho, se adhirieron varias de las defensas de los periodistas.

En el acto de ayer, los abogados Jesús Villegas, Ibon Gainza y Arantza Isasmendi, así como la juez, encadenaron sus preguntas a los siete periodistas sobre el idéntico objetivo, no conseguido finalmente, de conocer la procedencia de las informaciones que se han ido publicando desde que se descubrieron en el ordenador particular de Tellería varios informes sobre personas de la vida política y económica de Álava, y que fueron realizados supuestamente por Lau y Acha.

Todos los testigos señalaron que sus noticias son veraces y de interés general, lo que, según la Constitución, está por encima de un secreto de sumario. Cuando se les formulaban cuestiones referidas a sus fuentes informativas, si se trataba de funcionarios o si tuvieron acceso a documentos oficiales, las respuestas apelaban al secreto profesional y a la obligación de informar verazmente sobre esta supuesta trama, descubierta mientras se investigaba el caso De Miguel, que también afecta a afiliados del PNV.

Eso sí, en la mayoría de las preguntas de la juez y de los tres abogados de la acusación, relativas a las posibles fuentes informativas, se registró de inmediato la protesta del fiscal Josu Izaguirre por considerar que no eran procedentes. Y es que el fiscal jefe se ha opuesto desde un primer momento a que los periodistas siquiera declararan porque entiende que estos profesionales no se encuadran en el tipo penal de la revelación de secretos y que no habían tenido acceso al sumario secreto al no haber difundido ningún aspecto de la investigación desarrollada durante los últimos meses.

Durante la vista también se puso de manifiesto que uno de los testigos, inicialmente imputado, no era el autor de una información publicada sin firma y que se había recogido en la denuncia de Tellería y de los dos ertzainas como una prueba documental.

La juez reconoció al admitir de manera parcial el recurso del fiscal su voluntad de descubrir la procedencia de las informaciones publicadas sobre este sumario, que sigue bajo secreto. Con todo, las propias defensas asumieron la dificultad que entraña este objetivo habida cuenta de las garantías procesales de los periodistas. Eso sí, en varias de las preguntas se desprendió una fundada sensación de que se sigue buscando en instancias judiciales y también de la propia investigación la fuente de las informaciones divulgadas y que han decrecido desde que la juez atendió el pasado mes de julio las denuncias de los abogados de Tellería y los dos ertzainas y consideró en agosto que ocho periodistas debían ser imputados.