Nigerianos en el limbo

"Si es que nos quiere ayudar el Gobierno español, por lo menos que se piense en alguien que lleve siete o diez años aquí y que esa persona no tenga ningún antecedente. Yo no tengo antecedentes". Así habla Evelyn, una nigeriana de 37 años, madre de tres niños españoles, que, desde su llegada a España en 1999, no ha conseguido los papeles para legalizar su situación. Dice que lo ha intentado todo, pero su caso ha quedado bloqueado por la casi imposibilidad de conseguir un documento que se suele llamar certificado de penales.

La Ley de Extranjería exige que un inmigrante que quiere regularizarse debe presentar un certificado de antecedentes penales de su antiguo país. Para alguien en situación irregular, está claro que no quiere volver a salir de la Unión Europea hacía su país de origen en busca de este documento policial, pero esto es lo que se está pidiendo hoy a miles de nigerianos en España si quieren abandonar las sombras de la clandestinidad. Según cifras del INE de este año, hay 37.297 nigerianos empadronados en España, muchos de ellos ilegalmente.

"Se está formando una bolsa de nigerianos sin papeles y no sabemos qué hacer", dice Lucía Paredes Ayllón, abogada en un bufete madrileño que representa a docenas de nigerianos que se están tropezando múltiples veces sobre la misma piedra: el certificado de penales. Cuenta que los inmigrantes nigerianos anteriormente podían hacerse con el documento sin salir de España, mandando sus huellas dactilares por fax a las autoridades nigerianas a través de un notario público. El certificado resultante tenía una fecha de caducidad de tres meses, pero este problema se solucionaba con una carta de prorrogación del consulado en Madrid. Pero esto ya no es posible.

A Antonio Freijo, el director de Karibu, una ONG que apoya a los inmigrantes africanos en España, también le consta que los nigerianos son los más "bloqueados". De la nueva necesidad de tener el certificado de antecedentes, dice que "al principio esto causaba problemas para personas de varios países, pero Nigeria es ahora el único que todavía tiene este problema".

Desde la embajada de Nigeria en Madrid explican que el problema surge a raíz de una carta que fue enviada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en noviembre del 2007, donde se decía que, de ahí en adelante, los certificados de penales nigerianos tendrían que hacerse presencialmente. O sea, en Nigeria. "En un momento dado algunos nigerianos en España decidieron falsificar unos ejemplares de estos documentos, y el Gobierno español se preocupó", admite el cónsul en Madrid, Timothy Kasuwa. Preguntado por EL PAÍS por esta intervención, el Ministerio de Asuntos Exteriores dice que no puede confirmar que tal carta se mandara, pero tampoco lo niega. Un portavoz del ministerio se limita a observar que existe "un marco de cooperación" con las autoridades nigerianas en cuestiones de inmigración.

"Es discriminación", afirma Paredes Ayllón, pero el cónsul niega que su país haya sido víctima de discriminación, defendiendo lo que el ve como una legítima "estrategia de ralentizar" la entrada de nuevos inmigrantes. "La economía española no ha estado bien, y es perfectamente correcto que cada país vele por sus propios intereses".

"Lo que hemos hecho ha sido rogar al Gobierno español para que nos permita traer a nuestros propios policías aquí", explica Kasuwa. El embajador de Nigeria en España, Obed Wadzani, alaba las relaciones con España, y se muestra satisfecho con los miles de certificados expeditados a raíz de las tres visitas realizadas hasta ahora por una comisión policial nigeriana. Pero Okwydili Clement, padre de dos niños nacidos en España y que lleva desde 2005 intentando "por todos los medios" regularizar su situación, no está tan satisfecho. "En 2008 la policía (nigeriana) vino dos veces. La gente acudió de toda España para conseguir el certificado de penales. Pagamos 150 euros, y luego nada. Esto no funciona". Clement añade que llegó a esperar dos años antes de recibir el certificado, que debe completar un periplo de ministerios y embajadas antes de entrar en vigor. Una vez obtenido el certificado, queda a merced de las autoridades autonómicas, que han de decidir si aceptan un documento caducado, puesto que el certificado tiene una duración oficial de tres meses.

Este verano ha vuelto a pasar por España un equipo de policías nigerianas, quienes, según fuentes de la embajada de ese país, han tomado datos de hasta 4.000 inmigrantes irregulares con vistas de tramitar sus certificados de penales. Queda por ver si en este nuevo intento de sacar a muchos de sus nacionales de la sombra de la clandestinidad se obrará de forma más veloz para salvar el obstáculo administrativo que supone la caducidad del documento a los tres meses. Lucía Paredes Ayllón no se muestra optimista. "Igual están para el 2011", dice desde su bufete en Madrid.

Según los propios inmigrantes y la abogada Paredes Ayllón, en algunas comunidades como Navarra o Canarias, se han mostrado flexibles en este tema, pero Madrid tiene prácticamente bloqueado a este grupo de inmigrantes, por su negativa a aceptar el certificado pasados los tres meses. Un portavoz de la Delegación del Gobierno en Madrid justifica la política: "Nos atenemos a la ley, siempre a la ley".

Según fuentes consultadas de la secretaría del estado de inmigración, se ha instruido a las delegaciones que el documento no estará considerado fuera de plazo si estaba en vigor cuando entra por primera vez en la administración española. "Los retrasos de la administración no los paga el solicitante", explican estas fuentes.

Once años después de llegar a España, Evelyn dice que no se va a rendir, y que va a mantener limpia su ficha policial aquí mientras espera a que este país acepte el certificado de buena conducta que tiene de Nigeria. "El otro día me controlaron en Getafe. Yo tenía una pinta muy sospecha, sin trabajo ni papeles. El policía me buscó en los archivos. No tengo nada; no se lo pudieron creer".