El principal acusado del 'caso Kárate' niega los abusos y afirma que se trata de un compló para hundir su negocio

El principal acusado del caso Kárate, Fernando Torres Baena, a quien se le imputan un total de 56 delitos por abusos sexuales y corrupción de menores, ha negado ante el juez Miguel Ángel Parramón haber abusado de los alumnos de la escuela de artes marciales que regentaba en Las Palmas de Gran Canaria y ha segurado que todo el caso es un compló en su contra con el objetivo de hundir su negocio. El juez imputa a los tres procesados en este caso -Torres Baena y las monitoras María José González Peña (su pareja) e Ivonne González Herrera - 110 delitos de pederastia.

Según ha indicado Alfonso Ramírez, el abogado del principal acusado, éste ha explicado al juez durante la comparecencia celebrada en esta mañana que 10 días antes de la denuncia y su posterior detención, algunas de las presuntas víctimas montaron un gimnasio de similares características quitándole la totalidad de los alumnos al imputado.

Torres Baena ha llegado pasadas las diez de la mañana a los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria en un furgón policial procedente del centro penitenciario Salto del Negro. Posteriormente, en un coche patrulla ha accedido al recinto judicial, Ivonne González, otra de las imputadas por presunta corrupción de menores, quien en su comparecencia ante el juez ha negado los hechos que se le imputan.

El caso Kárate va camino de convertirse en uno de los procesos por abusos de menores más graves de España. Según el auto judicial, Fernando Torres, junto con otros tres monitores, abusaron, presuntamente, de alumnos tanto en las dependencias del gimnasio ubicado en Las Palmas de Gran Canaria como el chalé propiedad de Baena en la localidad de Telde.

El juez que instruye la causa sostiene que los abusos respondían a una especie de "secta sexual" en la que, en el centro de la pirámide se encontraba el propietario del gimnasio.

En total se ha tomado declaración a 177 alumnos de la escuela, de los que, al menos, 61 fueron obligados por el dueño del gimnasio y los monitores a practicar sexo. La mayor parte de las víctimas fueron objeto de abusos desde los 10 años, y en la mayoría de los casos las relaciones sexuales se perpetuaban hasta los 14 años.