Libertad sin fianza para los imputados por formar un tribunal islámico en Valls

Los siete imputados que aún quedaban en prisión por formar, supuestamente, un tribunal islámico basado en la sharía en Valls (Tarragona) y condenar a muerte a una mujer han quedado en libertad sin fianza. El Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona ha decretado esta mañana la libertad con cargos de los procesados, después de que la denunciante se haya ausentado por tercera vez a la cita judicial, en la que se debía proceder a una rueda de reconocimiento pendiente desde el pasado noviembre, cuando se detuvo a los 10 sospechosos. Los otros tres fueron puestos en libertad en diciembre. Tanto la presunta víctima como los imputados son de nacionalidad marroquí.

Los acusados se enfrentan a un máximo de 23 años de cárcel por los delitos de detención ilegal, tentativa de homicidio y asociación ilícita. El juez ha decretado que deberán presentarse cada lunes al juzgado para acreditar que permanecen en el país.

Aunque la denunciante se encuentra en paradero desconocido, pese a las gestiones realizadas con las autoridades marroquíes para localizarla, el juez mantiene la causa abierta y ha pospuesto de forma indefinida el secreto de sumario, ya que aún hay instrucciones pendientes, subrayan fuentes judiciales. Por tanto, siguen siendo secretas las investigaciones realizadas durante ocho meses por los Mossos d'Esquadra, que avalaron como "probable" la existencia de un tribunal islámico "en la zona de Valls y cercanías". Se trata del único elemento que sostiene la acusación al margen del testimonio de la declarante, a la que el juez volverá a citar una cuarta vez en una fecha por determinar.

La defensa ha subrayado que los continuos plantones de la supuesta víctima, que reside y trabaja en Marruecos, dejan a la fiscalía y al cuerpo policial catalán "sin pruebas" y sumen el caso en el "surrealismo". Por ello ha reclamado el levantamiento del secreto de sumario. El juez ha rechazado la petición y ha precisado que mantendrá el secreto sumarial hasta que tome declaración a la denunciante. El juzgado no ha logrado comunicarse personalmente con la denunciante tras cinco meses de gestiones.