Las "drogas de violación" se usan cada vez más, advierte la ONU

Las nuevas "drogas de violación", que reducen la resistencia a quienes se les administran, se usan cada vez más para cometer agresiones sexuales y robar los bienes a sus víctimas, advierte el último informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) hecho público este miércoles en la sede de la organización en Viena.

El uso de estas sustancias es una práctica relativamente nueva y, aunque se ha frenado últimamente endureciendo las medidas contra la más famosa de todas ellas, el Rohypnol o flunitrazepam -de la familia de la benzodiazepina-, los agresores sexuales se han adaptado a la nueva situación. Para evitar la estrecha vigilancia de este psicotrópico -agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central originando cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento-, los delincuentes han comenzado a emplear otros alternativos que no están sujetos a control internacional o al menos a una vigilancia estrecha, con lo que se adquieren "más fácilmente".

El Rohypnol, tan usado en la década de los 90 por los agresores sexuales que fue llamado "la droga de los violadores", ha comenzado a ser sustituido por otras nuevas, que se usan con mayor frecuencia, como el ácido gammahidroxibutírico o GHB, la ketamina y la gamma butirolactona o GBL. "La mayoría de las cuales son de fácil acceso en muchos países, por lo que caen frecuentemente en manos de delincuentes", asevera la JIFE, institución independiente de las Naciones Unidas.

Aunque el GHB - cuyo uso legal es como antidepresivo - fue puesto bajo control internacional en 2001, no todos los países actuaron en consonancia con las recomendaciones de la ONU y la regularon. En los casos de la ketamina, empleada por la medicina por sus propiedades analgésicas y anestésicas, y de la gamma butirolactona, siguen estando fuera de las convenciones internacionales de drogas, por lo que se pueden adquirir fácilmente.

El fenómeno de las "drogas de violación" está teniendo una "evolución muy rápida", denuncia la JIFE, que insiste en que sean incluidas por los gobiernos nacionales en sus listas de drogas a controlar y que los productores desarrollen medidas de seguridad con colorantes y con sabores, de manera que la víctima pueda darse cuenta de su presencia y se pueda defender, evitando ingerirlas.

"El hecho de que en muchos países estas sustancias se consigan con facilidad conduce a que a menudo caigan en manos de delincuentes", subraya uno de los autores del informe y director del Centro para la Política de Medicamentos de la St. George University de Londres, Hamid Ghodse. El experto informa de que "se usan para reducir fuertemente la resistencia de las personas ante una actividad sexual indeseada y luego puede que no sepan incluso lo que ha pasado", mientras que otras se despiertan con vagos recuerdos.

Los narcotraficantes obtienen estas sustancias en farmacias en otros países que ofrecen sus productos en Internet o en centros que funcionan a través de números de teléfono, y que no exigen recetas. India ha sido identificada por la ONU como una de las principales fuentes de esas transacciones. Los gobiernos deben adoptar rápidamente medidas para limitar el acceso ilegal a esos fármacos y para aumentar la concienciación de la gente sobre los riesgos que entraña desatender las bebidas y las comidas en lugares públicos, como en fiestas, pero también en lugares privados, extremo que puede ser aprovechado por los depredadores sexuales.

Ante esta situación, en la que en gran parte de los casos las víctimas reciben disimuladamente estas sustancias y en grandes dosis - lo "que acarrea grandes riesgos para su salud"-, la JIFE insta a los gobiernos a trabajar conjuntamente con las industrias farmacéuticas y químicas, y a garantizar que la policía y los fiscales disponen de autoridad legal para tomar medidas legales apropiadas contra los delincuentes o sospechosos. "En muchos países, el uso de sustancias que facilitan la comisión de delitos no constituye una ofensa criminal y por ello no puede ser penalizado adecuadamente", destaca la ONU.