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Bruselas expedienta a Francia por la tasa que impone a las 'telecos' para financiar la televisión pública

La Comisión Europea considera que esta tasa constituye "una carga administrativa incompatible con la legislación comunitaria".- Se trata del modelo que ha inspirado la nueva financiación de RTVE

La Comisión Europea ha expedientado a Francia por la tasa que ha impuesto a las operadoras de telecomunicaciones para financiar la televisión pública y compensar así la supresión progresiva de la publicidad y en la que se ha inspirado el Gobierno para diseñar el nuevo modelo de financiación de Radio Televisión Española (RTVE) . Bruselas considera que esta tasa constituye "una carga administrativa incompatible con la legislación comunitaria".

El Ejecutivo comunitario ya lanzó el pasado mes de diciembre una investgación en profundidad sobre la financiación de RTVE por considerar que las nuevas tasas que la ley impone a las televisiones privadas y a las telecos podrían incumplir las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Bruselas ha pedido al Gobierno que no use estas tasas para financiar la televisión pública hasta que no concluya la investigación.

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Peligro de repercusión en el consumidor

"Ya he expresado mis dudas sobre la tasa a las telecos en varias ocasiones", ha afirmado la comisaria responsable de Sociedad de la Información, Viviane Reding, en un comunicado. "No sólo parece incompatible con las reglas europeas sino que afecta a un sector que ahora es uno de los princiales motores del crecimiento económico", señaló.

"Además, existe un riesgo claro de que se repercuta sobre los usuarios en un momento en el que estamos intentando reducir sus facturas recortando las tasas de terminación y el coste de las llamadas de móvil, la transferencia de datos y los mensajes de texto en itinerancia", insiste Reding.

La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. Las autoridades francesas tienen ahora un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones. Si no convencen al Ejecutivo comunitario, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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