Bruselas abre otro expediente a España por la financiación de RTVE

La Comisión Europea (CE) ha abierto otro expediente a España por los nuevos gravámenes a los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad en RTVE. "A la CE le preocupa que esta tasa administrativa basada en los ingresos facturados por los operadores pueda ser incompatible con el derecho de la UE, porque no parece estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", afirma la Comisión en un comunicado difundido hoy.

El portavoz comunitario para la llamada Agenda Digital, Jonathan Todd, ha explicado que Bruselas cree que la tasa a las telecos "parece no estar relacionada con los costes de la supervisión reglamentaria", sino que fue introducida simplemente para cubrir la pérdida de ingresos por la supresión de la publicidad. Según la comisaria Neelie Kroes, esta aportación podría "afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados, y pudiendo penalizar en definitiva a sus clientes".

Se trata del segundo expediente abierto por el Ejecutivo de la UE a propósito del nuevo sistema de financiación del ente público. El primero, iniciado el 2 de diciembre bajo las normas de competencia, investiga si los nuevos gravámenes se atienen a la legislación de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas y abren la vía a la competencia desleal.

Con el cambio del modelo de financiación, el Gobierno puso fin el verano pasado a un sistema mixto (recursos publicitarios y subvención) que se había demostrado inviable. A cambio de no emitir publicidad en TVE, las cadenas privadas aportarán un 3% de sus ingresos anuales (un 1,5% en el caso de las emisoras de pago) y las empresas de telecomunicaciones cederán el 0,9%. Además, la Corporación recibirá el 80% de la tasa que cobra el Estado por la utilización del espacio radioeléctrico y un buen pellizco de los Presupuestos Generales del Estado (alrededor de 550 millones de euros).

España dispone de dos meses para contestar a las objeciones de Bruselas.