Las empresas deberán tener un seguro para compensar al cliente si quiebran

El cliente casi siempre tiene la razón, pero conseguir que se la den no suele ser fácil ni barato. "No puede ser que cuando una empresa cierra, los más perjudicados sean los consumidores, que son los últimos en recuperar su dinero". Con esta filosofía se ha creado el Código de Consumo de Cataluña, según explicó ayer Jordi Anguera, director de la Agencia Catalana del Consumo (ACC), encargado de crear la normativa.

"La idea del código es que reclamar y exigir los derechos sea más fácil", comenta. Para conseguirlo, la ley, si sale adelante, obligará a las compañías, entre otras cosas, a tener un seguro que garantice las devoluciones de dinero a los clientes si quiebra y un teléfono de atención al cliente gratuito, y si hay reclamaciones pendientes, la empresa no podrá cortar los suministros aunque el cliente no pague. El código, que entrará en vigor previsiblemente antes del otoño, no tendrá problemas para ser aprobado según Anguera, "porque sólo favorece a los consumidores".

Ciutadans y el PP sí le han visto pegas. Presentaron ayer enmiendas, pero fueron rechazadas por el resto de la Cámara. Pretendían cambiar todo el capítulo VIII, que refuerza la obligación que las empresas tienen de usar el catalán en folletos, carteles, instrucciones y contratos. "Estas obligaciones ya están incluidas en la normativa de política lingüística vigente", explicaron en la ACC. Se estipulan multas para los infractores de hasta 10.000 euros, y para los reincidentes, de hasta 100.000. Los impulsores de la nueva normativa, por su parte, prefirieron quitar hierro a las cuestiones lingüísticas e insistir en las nuevas garantías que se ofrecerán.

El organismo que dirige Anguera lleva cuatro años en marcha, pero ya ha registrado entre 16.000 y 17.000 quejas de consumidores. De estas quejas y de los códigos europeos "más avanzados", explican, es de donde sale el código, en trámite parlamentario desde ayer. Los afectados les han servido de brújula. Para empezar a acortar la distancia entre consumidor y empresa, en un plazo de tres años como máximo cada comarca tendrá su propia oficina de Servicio Público de Consumo. Además, para evitar los juicios, se potenciará la figura de los arbitrajes. Ante abusos de compañías, cuando no se puede llegar a un acuerdo, la única vía que tiene ahora el consumidor es la judicial. "Y por cantidades relativamente pequeñas no se va a meter uno en juicios", razona Anguera.

En el futuro, quien tenga problemas, por ejemplo, con una factura errónea de la luz, en lugar de denunciar a la suministradora, podrá pedir un arbitraje y, sin ningún coste, la Generalitat organizará un encuentro entre empresa, afectado y un experto independiente. "La decisión del experto tiene la misma validez que una judicial", aseguran. Para animar a su implantación, sólo las empresas que se acojan al arbitraje podrán pedir subvenciones del Gobierno. Además, todas las compañías que presten servicios básicos (transporte, electricidad, seguros...) deberán disponer de una oficina física en Cataluña a la que acudir a quejarse. Y los teléfonos de atención al cliente deberán ser gratuitos. Si la empresa quiebra y ofrecía servicios en Cataluña, no podrá dejar colgado al consumidor. En 2002, por ejemplo, las academias de inglés Opening presentaron la suspensión de pagos. Dejaron colgados a cerca de 90.000 alumnos con cursos ya pagados por entre 1.500 y 3.000 euros.

Con la nueva ley, según asegura la ACC, esto no pasará. Tampoco si una aerolínea cierra. Las compañías que ofrezcan servicios o productos con pago por adelantado deberán tener contratado un aval o seguro que en caso de quiebra compense a los consumidores automáticamente.