Los profesores de los colegios privados madrileños serán considerados autoridad pública

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado hoy que la futura Ley de Autoridad del Profesor sea de aplicación, no sólo en los centros públicos y concertados, sino también en los privados, lo que supone otorgar a los docentes de la enseñanza privada la consideración de "autoridad pública".

El Gobierno regional ha adoptado esta decisión por petición "unánime" del Consejo Escolar, una vez que ha constatado que no existe "ningún inconveniente jurídico", según ha explicado la consejera de Educación, Lucía Figar.

Con la extensión de esta ley a la escuela privada, los más de 75.000 docentes de la región -67.000 de la red pública y concertada y más de 8.000 de la privada- gozarán de una "protección jurídica especial" que les dará la posibilidad de adoptar "medidas cautelares provisionales" contra los alumnos que contravengan las normas, ya que la consideración de autoridad pública confiere a los docentes el "principio de veracidad" en sus denuncias.

El Gobierno madrileño calcula que este proyecto de ley podrá aprobarse definitivamente y entrar en vigor antes del 15 de marzo. Lucía Figar ha dicho que espera que, a partir de entonces, los profesores tengan "más respaldo a su figura y más respeto a su autoridad", y que con ello puedan "ejercer su labor en mejores condiciones".

La consejera ha destacado que entre el 65% y el 80% de los encuestados está "a favor de reforzar la figura del profesor", mientras que el vicepreidente y portavoz del Gobierno, Ignacio González, ha resaltado el "contundente" informe del Consejo Escolar que indica que los profesores emplean el 16% del tiempo lectivo en intentar que haya un "clima de orden necesario" en las aulas.

Figar ha hecho hincapié en que entidades como los sindicatos, la federación de padres Giner de los Ríos y el Ayuntamiento de Getafe han votado a favor de considerar autoridad pública a los profesores de la escuela privada.

El proyecto de Ley de Autoridad del Profesor establece que los centros podrán recabar de los padres o representantes legales la información y colaboración que necesiten respecto a las circunstancias personales, familiares o sociales de sus alumnos para facilitar la aplicación de las normas de convivencia escolar. En una disposición adicional, la Consejería ha querido subrayar el "respeto" a los centros privados para que elaboren sus propias normas de funcionamiento.

El régimen disciplinario recogido en el Decreto de Convivencia Escolar de la Comunidad de Madrid prevé que sean sancionables, no sólo las conductas contrarias a la convivencia que tengan lugar en el recinto escolar, sino también las que se produzcan durante la realización de actividades extraescolares, servicio de comedor y transporte escolar.

El proyecto de ley (que finalmente no regula la instalación de tarimas ni el tratamiento de usted para los docentes) obliga a los alumnos a reparar los daños que causen, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, los materiales del centro y las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en estos casos.

Cuando los alumnos incurran en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores, los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa deberán reparar el daño moral causado.