Los docentes de la concertada también serán autoridad pública

Los 67.000 profesores de centros públicos y concertados serán autoridad pública a partir de marzo. Así lo prevé el Gobierno regional, que aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Autoridad del profesor. El texto se enviará ahora al Consejo Escolar, y de allí al Parlamento regional para su aprobación.

La ley fue anunciada por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el último debate del estado de la región el pasado septiembre. Aguirre habló entonces de que la condición de autoridad pública, con la que los profesores tendrán una protección especial, sería sólo para los docentes de la escuela pública. Ahora se ha ampliado a la concertada, al constatar que "hay precedentes" en la Comunidad Valenciana, explicó la consejera de Educación, Lucía Figar.Para los centros privados, por su parte, la ley señala que "tendrán autonomía para establecer sus normas de organización y funcionamiento". Pero en los concertados, explican desde la Consejería, "tanto los criterios de admisión como el sistema de funcionamiento son muy similares respecto a la pública", y, "están sostenidos con fondos públicos", por lo que se ha decidido su inclusión en la ley.

La autoridad del maestro prevalecerá en el comedor o el autobús escolar

A partir de la entrada en vigor de la norma, la agresión a un profesor se incluirá en lo que el Código Penal tipifica como atentado contra la autoridad, con penas de prisión de dos a cuatro años. Además, los docentes gozarán de presunción de veracidad, y su palabra tendrá más valor que la de un ciudadano de a pie. Al ser autoridad, los fiscales podrán perseguir de oficio los delitos contra ellos. Aunque una circular de la Fiscalía de Madrid ya aconsejaba esta consideración.

Los profesores podrán tomar "medidas cautelares provisionales" (la expulsión de un alumno de clase o requisarle el móvil, por ejemplo) cuando se enfrenten a algún conflicto, no sólo en el centro educativo, sino también en actividades extraescolares, en el comedor, y en los autocares de transporte escolar. Lucía Figar explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que hasta ahora sólo el director estaba capacitado para tomar estas medidas cautelares, según el Decreto de Convivencia. Sin embargo, seguirá siendo el director el único que determine la expulsión del centro (la falta más grave). Tampoco entra en la ley la posibilidad de colocar tarimas en las aulas, que dependerá de que lo pida cada centro.

El anteproyecto obliga también a los alumnos a reparar los daños que causen en las instalaciones, los materiales del centro y las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, y a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Y tendrán que restituir, en su caso, lo robado. Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en estos casos.

Tanto los principales sindicatos (CC OO, UGT, Stem) como la oposición parlamentaria lamentaron ayer lo que consideran "una medida insuficiente" si no va acompañada de una mayor inversión en educación, que ha perdido un 1,1% respecto a los presupuestos del año pasado. La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, afirmó que "para reforzar el prestigio social e institucional del profesorado es necesario invertir en el sistema educativo". En el mismo sentido se pronunció la diputada de IU Eulalia Vaquero: "La ley no debe esconder la realidad de que estamos ante los presupuestos más insolidarios de la Comunidad".