Namibia juzga la esterilización forzosa de mujeres seropositivas en hospitales públicos

En algunos casos, los médicos se negaron a practicar cesáreas a menos que las mujeres accedieran primero a ser esterilizadas. En otros, las mujeres firmaron su consentimiento camuflado entre los otros papeles para su hospitalización. Otras, firmaron cuando estaban de parto y mientras eran conducidas a quirófano. Muchas se enteraron de que eran estériles al acudir meses después al centro de planificación familiar donde les informaron de que ya no iban a necesitar anticonceptivos. La mayoría son pobres, muchas analfabetas y todas seropositivas. El tribunal supremo de Namibia juzga estos días los casos de seis mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza en tres hospitales públicos del país (de trece casos detectados). Mientras, el país vecino, Suráfrica, investiga la esterilización forzada de, al menos, quince mujeres, en una práctica que se teme sea extensiva a buena parte del país.

La Comunidad Internacional de Mujeres con VIH-sida (ICW) comenzó a detectar los casos el pasado año en unos talleres sobre derechos humanos y mujeres seropositivas, "eran los primeros talleres al respecto, las instituciones u organizaciones se centran o bien en derechos en mujeres en general o en los de seropositivos en general, por eso no nos dimos cuenta antes de la situación", explica Veronica Kabambi, portavoz de ICW en Namibia que recuerda que algunos de los casos se remontan a 2001. No es una práctica oficial, advierten en ICW, pero sí un protocolo no escrito entre determinados médicos y personal sanitario, tanto en Namibia como en Suráfrica, que imprimen a sus prácticas "una visión paternalista e ignorante de la infección del VIH", de acuerdo con la letrada Mushahida Adhikari, del Centro Legal para las Mujeres, en Ciudad del Cabo. De hecho, las constituciones de ambos países africanos son de las más progresistas del mundo y protegen a los más débiles contra violaciones de los derechos humanos.

Los protocolos médicos de ambos requieren que la mujer dé su consentimiento a la esterilización con pleno conocimiento de causa. Pero en los hospitales involucrados en las esterilizaciones en Namibia, explica Kabambi, no se dispone ni de traductor para explicar a las mujeres que no hablan inglés qué es lo que firman. La esterilización forzosa contraviene la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación de las Mujeres y de acuerdo con el Estatuto de Roma, es un crimen contra la humanidad. En el pasado, fue practicada en la población más marginada (determinadas etnias, enfermas mentales, discapacitadas o epilépticas), hasta que su práctica fue condenada a nivel mundial en la década de los noventa.

En África las más marginadas son las mujeres seropositivas. "Tenemos que recordar que se tiende a ver al médico y a las enfermeras con tremendo respeto y las mujeres jóvenes o pobres no van a cuestionar fácilmente sus decisiones", explica Adhikari. La letrada recuerda que en muchas sociedades africanas el valor de la mujer se mide en gran manera por su capacidad para tener hijos, "el admitir infertilidad significa ser marginada por la comunidad y puede ser causa de separación matrimonial. Ahora, además, explicarlo supone dar a conocer que eres seropositiva y ser doblemente estigmatizada". Es por ello que tanto en Namibia como en Suráfrica se teme que hayan sido muchas más las mujeres las forzadas a esterilizarse por "personal médico que, por ignorancia, puede creer que la ligadura de trompas es una práctica preventiva contra la infección del VIH, dado que la mujer seropositiva ya no seguirá pariendo niños seropositivos, como si no existiera tratamiento para evitar la infección del bebé", explica la abogada surafricana que apunta que, además, las mujeres corren más riesgo de reinfección porque al no poder quedar embarazadas no usan condón. En Suráfrica todavía están recogiendo información acerca de nuevos casos y siguen en conversaciones con el gobierno. La vía judicial llegará dependiendo de los deseos de las afectadas.

"Están muy traumatizadas, muy enfadadas y tristes", dice Kabambi, que explica que las seis mujeres que han denunciado al gobierno de Namibia (otras no han podido porque fueron esterilizadas hace más de tres años y ya no pueden litigar, de acuerdo con la legislación del país), pretenden que o bien se revierta su situación o se les compense por el daño infligido, "pero sobre todo que se adopte una política más proactiva, de información a los médicos, a las enfermeras y a las mujeres sobre su derecho a decidir libremente el número de hijos y con qué frecuencia tenerlos". El tribunal supremo decidió el pasado jueves en Windhoek posponer el juicio hasta el próximo mes de enero para estudiar las alegaciones del gobierno (que reduciría la posibilidad de litigar a sólo un año desde la comisión del delito, lo que invalidaría la denuncia de las seis mujeres).