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La Generalitat propone crear un banco de ADN para condenados por delitos violentos

Para crear el registro es necesario un cambio de ley

El departamento de Justicia de la Generalitat ha planteado varios cambios legales para poder crear un registro con el ADN no codificado de los violadores reincidentes, con el objetivo de que cuando queden libres se autocontrolen ante el temor de ser fácilmente identificados si vuelven a delinquir.

En rueda de prensa, la consejera de Justicia, Montserrat Tura, ha explicado que esta medida, planteada por la denominada "Comisión Mena", sería complementaria a otras iniciativas defendidas el pasado año por este grupo de expertos, como la libertad vigilada o los inhibidores reversibles del deseo sexual.

La consejera ha destacado que este banco de datos con el ADN -que tan solo facilitaría la identidad y el sexo-, serviría para identificar con casi total certeza al autor de un delito grave -un homicidio o una violación-, pero su principal virtud sería que también podría ser un elemento de "autocontrol" para evitar la reincidencia. En este sentido, ha explicado que los psicólogos penitenciarios defienden que el temor a saber que no se es impune y que serán identificados sin problema es un factor importante que sirve para el autocontrol de los delincuentes peligrosos, una vez quedan libres al obtener el tercer grado o tras cumplir la condena.

Según Tura, la existencia de este registro podría evitar la reincidencia de violadores, ante el temor de ser descubiertos fácilmente por restos de semen, pelos o saliva. Para poder obtener las muestras de ADN se abren dos vías: que los presos lo hagan de forma voluntaria o que el juez contemple esta medida al dictar sentencia. De esta forma, según fuentes jurídicas, una de las opciones más probables si esta medida tira adelante es que la mayoría de sentencias a violadores prevean que se tomen sus muestras de ADN, medida que podría ser derogada al final de la condena por la Junta de Tratamiento -que evalúa el riesgo de reincidencia del preso- si considera que el reo está rehabilitado.

La legislación española es muy garantista respecto al derecho a la intimidad, por lo que el uso del ADN está restringido únicamente a las investigaciones judiciales por un delito cometido, pero no se contempla con el objetivo de evitar la reincidencia. De esta forma, para superar las barreras legales, el departamento de Justicia ha planteado oficialmente la modificación de varios artículos de la Ley Orgánica que regula la base de datos policiales sobre identificaores obtenidos a partir del ADN, vigente desde el año 2007, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Si fructifica la intención del departamento de Justicia, el ADN de este tipo de presos peligrosos se mantendría en el registro durante un periodo de diez años -el mismo tiempo que se quiere estipular para la libertad vigilada en la reforma del Código Penal- y tan sólo sería accesible a las unidades policiales del Estado, previa autorización judicial, y a las autoridades judiciales y fiscales en la investigación del caso. Tura ha explicado que el plan de inhibidores del deseo sexual se está empezando a aplicar en una cárcel catalana en periodo de pruebas -en su fase inicial, sin aplicar aún el inhibidor- y que hasta ahora un gran número de presos se ha acogido a las sesiones de rehabilitación.

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