Las tabacaleras hacen publicidad de la actual ley española

A la actual ley antitabaco española, que entró en vigor en enero de 2006, le han salido unos valedores de excepción: las mayores empresas tabacaleras han decidido promoverla como un mal menor, ya que sus "fallos" permiten que, contra la corriente imperante, se siga fumando en la mayoría de los establecimientos de hostelería. Esta es la conclusión a la que han llegado investigadores de la Clínica Mayo estadounidense, después de investigar unos 1.300 documentos de las mayores empresas del sector. Los autores del trabajo ponen como ejemplo las regulaciones aprobadas en Rumania, Portugal, Chile y Dinamarca, donde se establecen "excepciones similares [a las españolas]".

El estudio, que ha sido publicado en la sección dedicada a tabaquismo de la revista British Medical Journal, ha consistido en un barrido de los documentos que las empresas han tenido que hacer públicos como consecuencia de las demandas planteadas por fumadores.

La primera conclusión, que coincide con la de otros documentos del sector que se han conocido recientemente, es que cuando los gobiernos van, las empresas ya están de vuelta. Así, se documentan actividades de lobby (se cita expresamente a la Comunidad de Madrid) para que una futura ley antitabaco dejara fuera a los locales de hostelería y restauración y para promover que, en vez de simplemente prohibir fumar, se instalaran filtros o purificadores de aire. Y eso entre 1980 y 2001, cuatro años antes de que la ley actualmente en vigor empezara ni siquiera a discutirse. Curiosamente (los autores no van tan lejos como para afirmar que las presiones tuvieran éxito) esos han sido dos de los campos de batalla entre el Gobierno regional y el central.

Los documentos (sobre todo de Philip Morris y la British American Tobacco, que tienen sus sedes centrales en EE UU), demuestran que "las compañías trasnacionales promovieron con éxito medidas ineficaces para proteger a las personas del mortal humo de segunda mano el que inhalan los fumadores pasivos]", señala el artículo.

Las tabacaleras tenían claro que el caso de España iba a ser determinante para ellas "por su cultura única", en la que "bares y restaurantes tienen un papel especial", señala el informe. Así, por ejemplo, British American Tobacco (BAT) hace un barrido por diferentes lugares de Madrid (que divide "tradicionales, turísticos, alternativos y contraculturales") y señala "lo extraordinario" que es el uso que españoles hacen de los "horeca [acrónimo para hoteles, restaurantes y empresas de cátering]". "Parece que los utilizan más que sus propias casas, y parecen ocupar un lugar más importante en su vida social. Saben como vivir", destaca el análisis.

A esta actitud vital se unía que "España tiene una estructura de gobiernos regionales favorable". Además, "es un lugar ideal para empezar" las campañas de presión porque "tenemos una parte considerable de la cosicedad de nuestra parte, buenas relaciones con la prensa y acceso a miembros de la comunidad científica que no están de acuerdo con los excesos de la campaña antitabaco", afirma un documento recuperado de BAT.

Los textos inciden en otro de los aspectos que han sido claves en lo que los autores denominan una legislación "poco efectiva y confusa": la distinción que se hizo en la norma entre locales de hostelería en función de su superficie útil. La ley actual distingue entre lo que tienen más de 100 metros cuadrados (donde se pueden dedicar espacios a fumar que no ocupen más del 30% del espacio), y el resto, donde es el dueño el que decide. Y destacan que los dueños de los establecimientos han aplicado todo tipo de estratagemas para disminuir esa superficie útil hasta dejarla por debajo de los 100 metros cuadrados para así quedar exentos de crear zonas sepradas.

Al respecto también recoge la afirmación de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, de que de unos 350.000 locales a los que se podía aplicar la norma, sólo unos 4.000 (poco más del 1%) han hecho obras para separar a los fumadores.