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España podría reducir un tercio de sus emisiones de CO2 empleando sólo el 0,02% del PIB

Un estudio de WWF asegura que las medidas para rebajar el 30% de las emisiones en algunos sectores costarían unos 200 millones de euros

La organización conservacionista WWF ha publicado hoy un informe en el que muestra que España puede reducir en un 30% las emisiones de CO2 en los llamados "sectores difusos" (transporte, residencial, comercial, institucional, residuos, agricultura e industrial) con medidas que supondrían sólo un 0,02% del PIB del país.

El estudio, titulado "La hoja de ruta de España hacia Copenhague", pide al Ejecutivo que asuma en 2020 un objetivo de reducción de emisiones en esos sectores del 30% respecto a las existentes en 2005.

El informe demuestra que España "tiene el potencial adecuado" para asumir esos objetivos y sitúa el coste total para cumplir con esa meta en unos 1.000 millones de euros. "Si se estima un periodo de puesta en marcha de cinco años, el coste anual sería de 200 millones, es decir, tan sólo el 0,02% del PIB español", añade WWF.

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Entre las acciones propuestas, se encuentra la limitación de la velocidad máxima en todas las circunvalaciones de las principales ciudades a 90 kilómetros por hora en horas punta (cuatro horas al día), en lugar de los 120 kilómetros por hora establecidos.

Esta reducción supondría el ahorro diario en toda España de más de 1.600 toneladas de CO2 y de 0,60 millones de litros de combustible.

Otra propuesta es la de mejorar la rehabilitación energética de viviendas, con una nueva ley que incentive que dichas obras se realicen por empresas de ahorro energético. De este modo, se lograría mejorar la eficiencia energética de las casas un 30%.

En la Cumbre del Clima de Copenhague, WWF pide a los responsables políticos que busquen un acuerdo "ambicioso", que garantice que la temperatura global no aumente más de 2ºC; "justo", que cuente con el apoyo financiero y tecnológico de los países desarrollados a los no industrializados para implantar economías bajas en carbono y facilitar su adaptación a los impactos derivados del cambio climático, y "vinculante", con obligaciones específicas y sanciones ante los incumplimientos.

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