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La reforma audiovisual

PRISA denuncia "el intervencionismo del Gobierno en los mercados"

Considera que el recurso al decreto ley "desdice de los usos democráticos y despoja a operadores y consumidores de la posibilidad de defender jurídicamente sus intereses"

El Grupo PRISA (empresa editora de EL PAÍS) ha rechazado que el Gobierno haya recurrido, "sin justificación objetiva alguna", a un procedimiento de urgencia -un decreto ley- para establecer la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago. Este procedimiento, "que trata de eliminar las serias objeciones y advertencias del Consejo de Estado respecto al proyecto del ministro de Industria, pone de relieve el intervencionismo del Ejecutivo en el normal funcionamiento de los mercados", señala el Grupo PRISA en un comunicado.

La empresa editora de EL PAÍS considera que la utilización de la figura jurídica del decreto ley "para un tema no urgente y sobre el que no existe demanda social alguna, desdice de los usos democráticos y es una forma de despojar a los agentes perjudicados (operadores y consumidores) de toda posibilidad de defensa jurídica de sus intereses". PRISA estima que el hecho es "más grave aún si se tiene en cuenta que el propio Ejecutivo ya estudió hace más de un mes un anteproyecto de ley audiovisual que contempla las cuestiones ahora reguladas con precipitación".

Para PRISA, el que la decisión se haya tomado en agosto, en un Consejo de Ministros extraordinario para adoptar medidas contra la crisis económica, "añade preocupantes perfiles políticos al arbitrismo gubernamental". Y muestra su confianza en que, durante el trámite de control legislativo de ese decreto ley, "se ponga de relieve en el debate parlamentario el clientelismo del Gobierno en su política audiovisual".

PRISA lamenta que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "incurra en el mismo error" que el Gobierno de Aznar, "cuando en enero de 1997 intentó regular por decreto ley la televisión de pago con las consecuencias que posteriormente se produjeron; en concreto, la condena al Estado por parte del Tribunal Supremo a indemnizar con más de 24 millones de euros a Sogecable".

En su comunicado, PRISA anuncia que pondrá en marcha "las acciones a su alcance para defender sus derechos, máxime teniendo en cuenta los precedentes existentes".