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Jiménez: "Estamos preparados para plantearnos ampliar la Ley Antitabaco"

Sanidad estudia la prohibición de fumar en todos los lugares públicos, incluidos los bares y lugares de ocio

El Ministerio de Sanidad se plantea por primera vez ampliar la Ley Antitabaco para prohibir fumar en todos los lugares públicos, incluidos los bares y lugares de ocio, ha avanzado la titular de este departamento, Trinidad Jiménez. "Estamos preparados para plantearnos ampliar los términos de aplicación de la Ley", ha señalado la ministra, al ser preguntada, en una entrevista con EFE, sobre si está dispuesta a endurecer la normativa que entró en vigor en enero de 2006.

Jiménez ha explicado que la Ley está en "fase de evaluación" para ver cuál es el grado de éxito en su aplicación, y ha agregado que lo siguiente será ampliar las áreas libres de humo. Ha reconocido que la Ley contra el tabaco produjo un efecto "muy beneficioso en su momento", ya que, al año siguiente de que se aprobara, habían dejado de fumar más de un millón de personas. No obstante, ha declarado que "en este momento" las autoridades sanitarias se han encontrado con que existen "muchas lagunas" en su aplicación, por un lado, y por otro, que "ése carácter disuasorio inicial no se ha completado".

El tabaquismo es "un problema de salud pública" y es preciso velar por "el buen funcionamiento y el uso racional de los servicios sanitarios", sostiene la ministra

Jiménez ha subrayado que "la prohibición de fumar en espacios públicos se ha extendido prácticamente a todos los países europeos" y a algunos, como Turquía, que tienen "una tradición de consumo muy alto". "Una vez que España ya puso en marcha su Ley y se aprobó la posibilidad de que determinados espacios públicos quedaran libres de humo -ha proseguido-, creo que en este momento estamos preparados para plantearnos si hubiera que ampliar los términos de aplicación de la misma". La ministra ha aventurado que esto contribuiría, "un paso más cada día", a acabar con la situación, por lo que ha mostrado su voluntad de "seguir trabajando en esa dirección".

Las razones de la ministra son que el tabaquismo es "un problema de salud pública" y que, además, es preciso velar por "el buen funcionamiento y el uso racional de los servicios sanitarios". "Las personas que fuman utilizan más los servicios sanitarios y consumen más fármacos, lo que aumenta el gasto sanitario y el farmacéutico", ha aseverado. A su juicio, tiene que llegar un "mensaje claro" a la gente sobre este problema y "nuestra sociedad está cada día más preparada para recibir ese mensaje: el de la gravedad del uso del tabaco".

Clamor de organizaciones sociales

Jiménez se ha solidarizado con el clamor de numerosas organizaciones sociales, científicas y de pacientes que piden que se prohíba fumar en todos los establecimientos públicos. "Hay una cosa en la que tengo una profunda convicción y es que es muy importante que actuemos desde todos los frentes para erradicar el tabaquismo de la vida de los ciudadanos". Ha indicado, además, que "en muy poco tiempo" se incorporarán a las cajetillas de tabaco los nuevos pictogramas que intentarán disuadir de este hábito, entre los que, previsiblemente, figuran pulmones destrozados, tumores en carne viva o dentaduras podridas.

La ministra ha abundado en que el tabaco mata, no solamente desde el punto de vista de las afecciones respiratorias o el cáncer de pulmón, sino también por ser un factor de riesgo para sufrir infartos y cardiopatías. Actualmente está permitido fumar en restaurantes y bares de menos de 100 metros cuadrados, que suponen el 80% del total, con lo que los efectos prácticos de la Ley son muy limitados. De hecho, solo 40.000 de los más de 350.000 locales de ocio existentes en España están libres de humo o cuentan con espacios compartimentados para los fumadores.

El pasado 18 de junio, el Congreso instó al Gobierno a endurecer la Ley Antitabaco, "avanzando en la ampliación de los espacios libres de humo de manera progresiva". Los grupos parlamentarios solicitaron al Ejecutivo que elaborase un informe de evaluación del cumplimiento e impacto de la normativa, que tendría que presentarse en la Comisión Sanidad al finalizar 2009, como base que permita mejorar el texto legal.