El Defensor del Pueblo: "Reformar la Ley del Menor por supuestos concretos me parece poco serio"

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se ha mostrado hoy contrario a reformar la Ley del Menor a raíz de la alarma social creada por los recientes casos de violación a dos niñas en Baena (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva), en los cuales participaron varios menores de edad, algunos con menos de 14 años por lo que son ininputables. No obstante, Múgica ha solicitado esta semana al Ministerio de Justicia que constituya un grupo de trabajo para evaluar la conveniencia de crear una norma que sirva para concretar las medidas generales que deberian tomar sus tutores, el sistema de protección de menores y los poderes públicos cuando los jóvenes participen en actos que conlleven responsabilidad penal.

"Hasta ahora todo es muy etéreo, muy abstracto", ha recalcado. No ha querido entrar en qué tipo de precisiones serían necesarias: "Eso le toca a los expertos". El histórico dirigente socialista ha atribuido a la "pérdida de valores", como la solidaridad, que ocurran sucesos tan lamentables. "No hay derechos sin deberes, ni deberes sin derechos. En democracia, la violencia siempre es consecuencia de una pérdida de valores", ha resumido.

"Reformar la Ley del Menor por supuestos concretos me parece poco serio", ha explicado el defensor del Pueblo tras participar en un curso de verano de la Universidad del País Vasco en San Sebastián. Esto, según ha argumentado, supondría romper con la continuidad de la ley y la fragilizaría. "En una sociedad democrática, la ley debe tener un carácter general y permanente", ajeno a los vaivenes de la opinión pública ante sucesos tan horrorosos, ha destacado.

Múgica también ha planteado la elaboración de un protocolo común para todos los centros de menores en España -la competencia de protección de menores es exclusiva de las comunidades autónomas y de las diputaciones forales en Euskadi- para homogeneizar el sistema. El Defensor del Pueblo es contrario a la tendencia general de crear un sistema paralelo para atender a los menores extranjeros no acompañados que recalan en España. "Discriminar en función del origen atentaría contra los derechos fundamentales de estos jóvenes", ha concluído.